Por Sebastián Premici - Página/12
La oposición en la Cámara de Diputados intentará avanzar esta semana sobre la derogación del Decreto presidencial 2067/08, por medio del cual se creó un Fondo Fiduciario para la importación de gas, cuyo costo es asumido por los usuarios a partir de un nuevo aumento tarifario. Este incremento se suma a otros dos realizados el año pasado, producto de la quita de subsidios a los productores de energía. La oposición deberá conseguir el próximo miércoles un dictamen de mayoría en la Comisión de Energía –que preside Rosana Bertone (FpV)– para tratar el tema con preferencia en la sesión programada para ese mismo día. De no conseguir la mayoría en la comisión –de un total de 35 legisladores–, la oposición intentará su tratamiento sobre tablas, la misma jugada que se intentó realizar en el Senado. Página/12 consultó a siete bloques de la oposición sobre qué piensan hacer en caso de conseguir la derogación del decreto. Al igual que lo que ocurrió con la Resolución 125 (de retenciones móviles), la oposición tiene acordado impulsar el rechazo al decreto 2067, pero las diferencias aparecen al momento de buscar las soluciones al conflicto. Por su parte, el oficialismo reunirá el martes a todo su bloque junto al secretario de Energía, Daniel Cameron, para limar las asperezas dentro del propio oficialismo. “La reunión en la comisión de energía será muy áspera, hay muchas provincias afectadas”, reconoció a este diario una alta fuente del bloque K. Luego de varios años de reclamar la liberación de las tarifas, desde el PRO proponen volver al esquema anterior de subsidios y que el Estado redistribuya partidas –con un achicamiento del gasto público incluido– hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que sería un nuevo esquema tarifario. Desde el peronismo disidente, que conduce Jorge Sarghini, piden derogar la iniciativa y que sea el Ejecutivo el que diga cómo resolver el conflicto. Por su parte, el radicalismo cuestiona la creación de un “impuesto” para subsidiar la importación de gas. La solución para la UCR es una renegociación integral de contratos. Y los bloques de centroizquierda –Proyecto Sur y el SI– reclaman que se subsidie la demanda a partir de una tarifa social. A continuación, Página/12 presenta los planes de la oposición –PRO, UCR, PJ disidente, PS, Coalición Cívica, Proyecto Sur y el SI– en caso de conseguir la derogación del decreto 2067/08. Si por un lado la oposición pide una baja de las retenciones a las exportaciones agrícolas sin tener en cuenta el impacto fiscal y ahora reclaman que el Estado retrotraiga el ajuste en las facturas del gas y vuelva a pagar subsidios hasta que se revean todos los cuadros tarifarios, el planteo suena, al menos, contradictorio. Página/12 formuló el mismo planteo a cada uno de los bloques, pidiendo que fijaran posición al respecto. Por separado, en esta misma página, se ofrecen todas las respuestas obtenidas.
“Queremos saber los costos”
Eduardo Macaluse
El año pasado presentamos un proyecto para pedirle a (Julio) De Vido –ministro de Planificación– que explique cuál es la base para aplicar los aumentos, cuál es el precio del petróleo que se computa y el costo de extracción del gas, distribución, transporte y sobre esa base evaluar cuál debería ser la tarifa. Recién después podríamos ver si es necesario aplicar subsidios. No queremos que el Estado ni la gente terminen subsidiando la rentabilidad de las empresas.
“Un tema de recaudación”
Claudio Lozano
La razón por la cual se planteó el tarifazo no tiene que ver con un alza en los costos de la producción de la energía sino en la caída de la recaudación. Si hay un problema fiscal hay que resolverlo desde el punto de vista fiscal, y no con un impuesto que grava el consumo de los ciudadanos. En relación con la tarifa social, donde también presentamos un proyecto con el SI, hay que hacer una revisión adecuada del cuadro tarifario al actual contexto social. Es razonable que los que tienen más, paguen más, pero no es lógico que aparezcan casos –no menores– con aumentos escandalosos. La tarifa social tendría que incluir una tarifa gratuita para los que viven en las villas y para todos los que acceden a planes sociales.
"Poder de veto"
Jorge Sarghini
Lo que tenemos que hacer los legisladores es poder votar las mejores leyes. No podemos caer en la trampa del Gobierno de hacer ver a los diputados (de la oposición) como los que quieren gobernar el país. Lo que nosotros tenemos que hacer es frenar las consecuencias de este decreto, después será el Gobierno el que diga lo que hay que hacer. Si se exige otra ley, la podremos discutir cuando tengamos que tratar el Presupuesto 2010. La situación que estamos viviendo hoy demuestra la maraña de subsidios en la que estábamos metidos. Nosotros estuvimos en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas por toda la plata que se tenía que poner. Hoy todo el dinero que se ahorró en concepto de subsidios energéticos va a parar a Aerolíneas. Pero repito, los legisladores no tenemos que caer en la trampa de la co-gobernabilidad, debemos ayudar al Ejecutivo en todo lo que podamos y eso puede implicar incluso una ley para redireccionar las políticas públicas.
"Los contratos"
Miguel Giubergia
Este incremento es para la creación de un fideicomiso para importar gas. Nosotros vemos que el precio internacional del gas está bajando en comparación al año pasado. Entonces, ¿a quién se subsidia? La parte que se incrementa para la adquisición de gas de Bolivia y Venezuela no es por la tarifa, sino que ese impuesto es un tributo a los usuarios, algo que debería ser potestad del Estado. Por eso sostenemos que después del rechazo al decreto, hay que impulsar una renegociación de contratos. Esto es lo que se debe debatir, conjuntamente con la modificación de la delegación de facultades. Tenemos que acceder a los balances de las empresas para ver sus ganancias extraordinarias y comprobar que no se han cumplido con los contratos. El Estado debería decirles a las concesionarias que inviertan en exploración y que dejen de explotar y exportar los hidrocarburos. Hoy ya no tenemos prácticamente reservas.
"revisar todo"
Silvia Augsburger
Lo primero que hay que hacer es derogar este decreto. Yo no estoy de acuerdo con los subsidios a las empresas, es una política equivocada. Hoy es mentira que los que más consumen, más pagan. En un estado de derecho no se puede hacer cualquier cosa. Este decreto ya fue objetado por una gran cantidad de medidas cautelares. Si quieren aplicar un nuevo cargo, que envíen un proyect
o de ley al Congreso. Por otro lado, los legisladores deberíamos impulsar una ley que establezca una tarifa social para jubilados y pensionados que ganen la mínima y para los que tengan planes sociales. Después deberíamos encarar una revisión integral de las tarifas en audiencias públicas, donde se discutan costos, cuánto se le paga a las productoras de energía y cuál es su rentabilidad. Para esto necesitamos datos oficiales. Si a partir de la revisión de la información surgiera que hay que aumentar tarifas, lo discutiríamos.
El Decreto encubre lo que en el fondo es un impuesto. Por lo tanto, esto tiene dos aristas. La primera es que el Congreso tiene que recuperar la capacidad de aplicar impuestos. Por lo tanto esto es un tema más político que técnico. Si vamos a discutir la cuestión técnica del costo del gas, también deberíamos discutir el costo del salario mínimo. Si bien tenemos que llegar a una quita total de subsidios, éste es el peor momento para blanquear las tarifas. No podemos sostener que de un momento a otro el Estado fije tarifas impagables. Por lo tanto habría que volver al esquema anterior de subsidios por uno o dos años y en ese tiempo encontrar los recursos para reemplazar esos subsidios. En este sentido, el Estado debe dejar de gastar en un montón de áreas como la publicidad oficial, gastos de protocolo encubiertos hasta la reestructuración integral de todo el gasto público. Cuando el Gobierno tenía caja era más fácil manejarlo, ahora hay que transparentar los costos de las empresas.
“Mal aplicados”
Fernando Sánchez
Si llegamos a derogar el decreto, el día siguiente no será sencillo para el Estado. Pero hoy tampoco estamos en una situación sencilla de resolver. De imponer nuestro proyecto, al día siguiente deberíamos continuar con los subsidios para luego revisar con profundidad las tarifas. Con (Alfonso) Prat Gay decimos que hay que gravar la renta financiera para dejar de castigar a los pequeños empresarios con el impuesto al cheque. Se puede gravar la minería. Incluso, si se bajan las retenciones aumentaría automáticamente la producción agropecuaria y mejoraría la recaudación. Con una recomposición de los precios internacionales de los granos y una baja en los derechos de exportación, el Estado no debería tener ningún problema fiscal. Sin embargo, hoy se quitan los subsidios porque no hay plata. De todas maneras, no hay que tenerle miedo a los subsidios, lo que pasa es que acá se los aplicó mal. Creemos que la transferencia de los recursos terminó en manos de quienes no lo necesitaban, es decir las empresas que forman parte del sistema energético. Con la excusa de las tarifas bajas, se benefició a las compañías. Hay que salir de la trampa subsidios o aumentos tarifarios.
La oposición en la Cámara de Diputados intentará avanzar esta semana sobre la derogación del Decreto presidencial 2067/08, por medio del cual se creó un Fondo Fiduciario para la importación de gas, cuyo costo es asumido por los usuarios a partir de un nuevo aumento tarifario. Este incremento se suma a otros dos realizados el año pasado, producto de la quita de subsidios a los productores de energía. La oposición deberá conseguir el próximo miércoles un dictamen de mayoría en la Comisión de Energía –que preside Rosana Bertone (FpV)– para tratar el tema con preferencia en la sesión programada para ese mismo día. De no conseguir la mayoría en la comisión –de un total de 35 legisladores–, la oposición intentará su tratamiento sobre tablas, la misma jugada que se intentó realizar en el Senado. Página/12 consultó a siete bloques de la oposición sobre qué piensan hacer en caso de conseguir la derogación del decreto. Al igual que lo que ocurrió con la Resolución 125 (de retenciones móviles), la oposición tiene acordado impulsar el rechazo al decreto 2067, pero las diferencias aparecen al momento de buscar las soluciones al conflicto. Por su parte, el oficialismo reunirá el martes a todo su bloque junto al secretario de Energía, Daniel Cameron, para limar las asperezas dentro del propio oficialismo. “La reunión en la comisión de energía será muy áspera, hay muchas provincias afectadas”, reconoció a este diario una alta fuente del bloque K. Luego de varios años de reclamar la liberación de las tarifas, desde el PRO proponen volver al esquema anterior de subsidios y que el Estado redistribuya partidas –con un achicamiento del gasto público incluido– hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que sería un nuevo esquema tarifario. Desde el peronismo disidente, que conduce Jorge Sarghini, piden derogar la iniciativa y que sea el Ejecutivo el que diga cómo resolver el conflicto. Por su parte, el radicalismo cuestiona la creación de un “impuesto” para subsidiar la importación de gas. La solución para la UCR es una renegociación integral de contratos. Y los bloques de centroizquierda –Proyecto Sur y el SI– reclaman que se subsidie la demanda a partir de una tarifa social. A continuación, Página/12 presenta los planes de la oposición –PRO, UCR, PJ disidente, PS, Coalición Cívica, Proyecto Sur y el SI– en caso de conseguir la derogación del decreto 2067/08. Si por un lado la oposición pide una baja de las retenciones a las exportaciones agrícolas sin tener en cuenta el impacto fiscal y ahora reclaman que el Estado retrotraiga el ajuste en las facturas del gas y vuelva a pagar subsidios hasta que se revean todos los cuadros tarifarios, el planteo suena, al menos, contradictorio. Página/12 formuló el mismo planteo a cada uno de los bloques, pidiendo que fijaran posición al respecto. Por separado, en esta misma página, se ofrecen todas las respuestas obtenidas.
“Queremos saber los costos”
Eduardo Macaluse
El año pasado presentamos un proyecto para pedirle a (Julio) De Vido –ministro de Planificación– que explique cuál es la base para aplicar los aumentos, cuál es el precio del petróleo que se computa y el costo de extracción del gas, distribución, transporte y sobre esa base evaluar cuál debería ser la tarifa. Recién después podríamos ver si es necesario aplicar subsidios. No queremos que el Estado ni la gente terminen subsidiando la rentabilidad de las empresas.
“Un tema de recaudación”
Claudio Lozano
La razón por la cual se planteó el tarifazo no tiene que ver con un alza en los costos de la producción de la energía sino en la caída de la recaudación. Si hay un problema fiscal hay que resolverlo desde el punto de vista fiscal, y no con un impuesto que grava el consumo de los ciudadanos. En relación con la tarifa social, donde también presentamos un proyecto con el SI, hay que hacer una revisión adecuada del cuadro tarifario al actual contexto social. Es razonable que los que tienen más, paguen más, pero no es lógico que aparezcan casos –no menores– con aumentos escandalosos. La tarifa social tendría que incluir una tarifa gratuita para los que viven en las villas y para todos los que acceden a planes sociales.
"Poder de veto"
Jorge Sarghini
Lo que tenemos que hacer los legisladores es poder votar las mejores leyes. No podemos caer en la trampa del Gobierno de hacer ver a los diputados (de la oposición) como los que quieren gobernar el país. Lo que nosotros tenemos que hacer es frenar las consecuencias de este decreto, después será el Gobierno el que diga lo que hay que hacer. Si se exige otra ley, la podremos discutir cuando tengamos que tratar el Presupuesto 2010. La situación que estamos viviendo hoy demuestra la maraña de subsidios en la que estábamos metidos. Nosotros estuvimos en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas por toda la plata que se tenía que poner. Hoy todo el dinero que se ahorró en concepto de subsidios energéticos va a parar a Aerolíneas. Pero repito, los legisladores no tenemos que caer en la trampa de la co-gobernabilidad, debemos ayudar al Ejecutivo en todo lo que podamos y eso puede implicar incluso una ley para redireccionar las políticas públicas.
"Los contratos"
Miguel Giubergia
Este incremento es para la creación de un fideicomiso para importar gas. Nosotros vemos que el precio internacional del gas está bajando en comparación al año pasado. Entonces, ¿a quién se subsidia? La parte que se incrementa para la adquisición de gas de Bolivia y Venezuela no es por la tarifa, sino que ese impuesto es un tributo a los usuarios, algo que debería ser potestad del Estado. Por eso sostenemos que después del rechazo al decreto, hay que impulsar una renegociación de contratos. Esto es lo que se debe debatir, conjuntamente con la modificación de la delegación de facultades. Tenemos que acceder a los balances de las empresas para ver sus ganancias extraordinarias y comprobar que no se han cumplido con los contratos. El Estado debería decirles a las concesionarias que inviertan en exploración y que dejen de explotar y exportar los hidrocarburos. Hoy ya no tenemos prácticamente reservas.
"revisar todo"
Silvia Augsburger
Lo primero que hay que hacer es derogar este decreto. Yo no estoy de acuerdo con los subsidios a las empresas, es una política equivocada. Hoy es mentira que los que más consumen, más pagan. En un estado de derecho no se puede hacer cualquier cosa. Este decreto ya fue objetado por una gran cantidad de medidas cautelares. Si quieren aplicar un nuevo cargo, que envíen un proyect
o de ley al Congreso. Por otro lado, los legisladores deberíamos impulsar una ley que establezca una tarifa social para jubilados y pensionados que ganen la mínima y para los que tengan planes sociales. Después deberíamos encarar una revisión integral de las tarifas en audiencias públicas, donde se discutan costos, cuánto se le paga a las productoras de energía y cuál es su rentabilidad. Para esto necesitamos datos oficiales. Si a partir de la revisión de la información surgiera que hay que aumentar tarifas, lo discutiríamos.“Impagables”
Omar DemarchiEl Decreto encubre lo que en el fondo es un impuesto. Por lo tanto, esto tiene dos aristas. La primera es que el Congreso tiene que recuperar la capacidad de aplicar impuestos. Por lo tanto esto es un tema más político que técnico. Si vamos a discutir la cuestión técnica del costo del gas, también deberíamos discutir el costo del salario mínimo. Si bien tenemos que llegar a una quita total de subsidios, éste es el peor momento para blanquear las tarifas. No podemos sostener que de un momento a otro el Estado fije tarifas impagables. Por lo tanto habría que volver al esquema anterior de subsidios por uno o dos años y en ese tiempo encontrar los recursos para reemplazar esos subsidios. En este sentido, el Estado debe dejar de gastar en un montón de áreas como la publicidad oficial, gastos de protocolo encubiertos hasta la reestructuración integral de todo el gasto público. Cuando el Gobierno tenía caja era más fácil manejarlo, ahora hay que transparentar los costos de las empresas.
“Mal aplicados”
Fernando Sánchez
Si llegamos a derogar el decreto, el día siguiente no será sencillo para el Estado. Pero hoy tampoco estamos en una situación sencilla de resolver. De imponer nuestro proyecto, al día siguiente deberíamos continuar con los subsidios para luego revisar con profundidad las tarifas. Con (Alfonso) Prat Gay decimos que hay que gravar la renta financiera para dejar de castigar a los pequeños empresarios con el impuesto al cheque. Se puede gravar la minería. Incluso, si se bajan las retenciones aumentaría automáticamente la producción agropecuaria y mejoraría la recaudación. Con una recomposición de los precios internacionales de los granos y una baja en los derechos de exportación, el Estado no debería tener ningún problema fiscal. Sin embargo, hoy se quitan los subsidios porque no hay plata. De todas maneras, no hay que tenerle miedo a los subsidios, lo que pasa es que acá se los aplicó mal. Creemos que la transferencia de los recursos terminó en manos de quienes no lo necesitaban, es decir las empresas que forman parte del sistema energético. Con la excusa de las tarifas bajas, se benefició a las compañías. Hay que salir de la trampa subsidios o aumentos tarifarios.
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