El objetivo de este borrador cero alternativo (BCA) es proponer una visión coherente y global sobre los grandes retos de la Conferencia, una visión ambiciosa que permite emprender un replanteamiento sistémico del modelo de desarrollo actual. De este modo, el BCA retoma la estructura de base de la versión oficial del borrador cero de la ONU pero sus enmiendas se orientan hacia los principios de una agenda común para la “Gran Transición”. Tal como el Borrador Cero inicial, este documento es una propuesta abierta que requiere ser enriquecida gracias a las contribuciones de todos los que quieren empezar con buen pie los próximos 20 años.
En Enero de 2012, las Naciones Unidas, elaboró el “borrador cero”, tomando como base las propuestas mandadas por los gobiernos en otoño, y que sirve de punto de partida para seguir las negociaciones con vistas a una Declaración final en la Conferencia de Rio+20. Tras 20 años de reflexión y de acción con sus socios sobre el desarrollo sostenible, la Fundación Charles Léopold Mayer para el Progreso del Hombre (FPH), tomo la iniciativa de redactar un “borrador cero alternativo” (BCA). El objetivo de este BCA es proponer una visión coherente y global sobre los grandes retos de la Conferencia, una visión ambiciosa que permite emprender un replanteamiento sistémico del modelo de desarrollo actual. De este modo, el BCA retoma la estructura de base de la versión oficial del borrador cero de la ONU pero sus enmiendas se orientan hacia los principios de una agenda común para la “Gran Transición”. Tal como el Borrador Cero inicial, este documento es una propuesta abierta que requiere ser enriquecida gracias a las contribuciones de todos los que quieren empezar con buen pie los próximos 20 años.
I) TRANSFORMAR EL COMPROMISO POLITICO
El BCA considera que no basta con renovar el compromiso político como lo propuesto por la agenda de la ONU, además y sobre todo, hay que transformarlo mediante una reflexión crítica sobre el modelo de “desarrollo sostenible” adoptado en Rio en 1992 (preámbulo y II.A). En efecto, con los fracasos de este modelo de desarrollo, construido sobre un modelo de crecimiento incapaz de conciliar las necesidades económicas y sociales con los recursos limitados que nos da el planeta, y que no permite considerar la realidad de las interdependencias, aparece claramente la urgencia de un cambio de paradigma para construir sociedades realmente sostenibles.
En la Gran Transición de la cual depende nuestra supervivencia y la de nuestro planeta único y débil, los compromisos políticos deben de ser orientados para reanudar con el primer objetivo de la “oeconomia”, es decir el arte de asegurar el bienestar de todos sacando el mejor partido posible de los recursos limitados que están en nuestra disposición (II.B).
Por otra parte, este cambio sistémico supone la elaboración de un nuevo marco jurídico internacional capaz de proteger y de gestionar la humanidad convirtiendo hoy en una “comunidad de destino”. Por eso, los Estados tienen que comprometerse en un proceso que permitirá la adopción de una Carta de las Responsabilidades Universales como el tercer pilar del derecho internacional, en complemento de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. Pero, más allá de los Estados, son todos los actores, ciudadanos, agencias de la ONU, empresas privadas, OMC, gobernantes, que tienen que comprometerse en políticas colaborativas y definir juntos no sólo reglas precisas de colaboración sino también un marco eficaz para la acción (II.C y II.D).
II) TRANSFORMAR LOS MODOS DE PRODUCCION Y DE CONSUMO
La Gran Transición supone también una profunda reforma de nuestros modos de producción y consumo actuales que son vinculados con el crecimiento de las desigualdades, con el consumo creciente de energía fósil y de recursos naturales poco o no renovables, y también con la degradación de los ecosistemas. Pensar de manera diferente los modos de producción y consumo es la alternativa que propone la FPH en lugar del concepto limitado e insuficiente de “economía verde” que maneja la ONU en su borrador cero.
Hicimos el error de extender la economía de mercado a las categorías de bienes que se dividen cuando se comparten mientras que existen en cantidad limitada (los recursos naturales). Al contrario, la transición hacia sociedades sostenibles necesita la creación de modos de producción y consumo sostenibles. El establecimiento de cuotas para controlar el consumo en energía fósil, asociado con reglas de trazabilidad que la OMC tiene que promover, permitirán a los consumidores tener una información completa sobre el ciclo de vida de los productos y también, garantizarán a todos los países un acceso igual a los recursos naturales, es decir lograr una verdadera justicia ecológica.
Tenemos también que incentivar el desarrollo de bienes no mercantiles y de nuevas actividades no asalariadas que permitirán crear “empleos sostenibles”, alcanzar una verdadera cohesión social y desarrollar nuestro capital inmaterial común. Es el reto de una economía basada en bienes que se multiplican cuando se comparten tales como el conocimiento o la experiencia (III.A). Estas cadenas de suministro sostenibles no podrán surgir sin una estrecha cooperación y una responsabilidad común de todos los actores económicos involucrados, garantizada por una Carta de las Responsabilidades Universales, y sin un intercambio de experiencia propicio a la elaboración de nuevos sistemas técnicos (III.B).
Además, compartir conocimientos y poner en ejecución la co-responsabilidad de los actores tendrán que ser los principios rectores para la acción para lograr esta reforma de la economía.
III) TRANSFORMAR LOS SISTEMAS DE GOBERNANZA (Partes IV y IV)
Nuestro modelo de gobernanza actual, basado en los principios de separación de las competencias y de división sectorial, es también inadecuado para zanjar los problemas sistémicos evidenciados por las crisis actuales que son a la vez sociales, sanitarias y medioambientales. Por eso la coproducción del bien público supone, entre otros, la definición de principios rectores precisos, adaptados a cada país, de cooperación entre los diferentes niveles de gobernanza. Se tratará por ejemplo de: poner en ejecución un principio de “subsidiariedad activa”; apoyar la creación de redes internacionales con tal de conectar a los diferentes actores de la sociedad; organizar cada dos años una Asamblea Mundial de ciudadanos consultativa; poner en común los conocimientos mediante un dialogo y un intercambio de experiencias permanentes, especialmente en el seno de las agencias de la ONU cuyo papel tiene que ser más eficaz (parte IV).
Por otra parte, herramientas de control y indicadores, tantos cuantitativos como cualitativos, definidos en común, tendrán que permitir una continua evaluación de los progresos realizados y de las lagunas existentes en cada ámbito tan medioambiental como social (Parte V).
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