MEMORIA: 8 de julio de 1989 - Alfonsín cede la presidencia al nuevo anfitrión de la Casa Rosada.

TRASPASO DEL MANDO EN EL MARCO DE UNA DEMOCRACIA CONDICIONADA 

Por Jorge Luis Ubertalli

En medio de un caos económico, financiero y social, el presidente radical Raúl Alfonsín, elegido por voto popular en las elecciones de 1983, debió traspasar su mando, debido a un virtual golpe de Estado econòmico-financiero, al nuevo primer mandatario, Carlos Saúl Menem, antes del tiempo previsto. 

El 8 de julio de 1989, luego de haber perdido su partido las elecciones de mayo en manos del PJ y capear explosiones sociales, saqueos a supermercados, una hiperinflación del 200% ( el dólar había trepado de 380 australes en junio a 580 en julio) y la embestida del establishment local, quien le exigìa designar al siempre cipayo Adalbert Krieger Vasena como ministro de Economía, Alfonsín debió ceder su cetro presidencial al nuevo anfitrión de la Casa Rosada.

Finalizado el sueño socialdemócrata alfonsinista, plagado de contradicciones, marchas y contramarchas, y en el contexto de la ola neoliberal que azotaría a América Latina y Sudamérica a partir de mediados de los años 80, se impondría el mas crudo capitalismo neoclásico y el Consenso de Washington sería el oráculo económico-social a seguir por los presidentes de las republiquetas del “patio trasero” de EE.UU. 

Las relaciones carnales con el país del norte, por fín, terminarían con los tiras y aflojes que ministros de Economía, como Bernardo Grinspun, habían sostenido con los EE.UU., suscitando la irritación de la potencia del norte de América.

Del tercer movimiento a la movida de piso

En sus inicios como presidente de la Repùblica, Alfonsìn intentò sentar las bases de un denominado “tercer movimiento històrico”, superador de los partidos tradicionales: la UCR y el PJ. 

Para llevarlo a cabo decidió tibiamente confrontar con los grupos industriales y financieros, crecidos al amparo de la dictadura y vinculados al capital transnacional; con los uniformados responsables de la guerra sucia y el genocidio de 30 mil secuestrados-desaparecidos; con los acreedores externos de la Deuda Externa, contraìda fundamentalmente en la era dictatorial, que se hallaban representados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos mundiales que luego tuvieron mayor relevancia, como el Banco Mundial(BM), y con los jerarcas y burócratas sindicales que habìan pactado y pactaban aùn en “democracia” con los militares- entre otros, Jorge Triacca, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Plàstica, y Rodolfo “Fito” Ponce, del Sindicato de Elevadores de Granos de Bahìa Blanca, quien confeccionò las boletas para su futuro cargo eleccionario de 1983 en la ESMA y a travès del trabajo esclavo de los compañeros secuestrados alli- denominados en su conjunto por Alfonsìn como participantes del “pacto militar-sindical”.

 En el marco del apoyo de los sectores medios y con la base social partidaria de los jóvenes enrolados en la denominada “Coordinadora”, Alfonsìn comenzò desde el 10 de diciembre de 1983, cuando asumiò el mando de la Repùblica, a implementar el juicio y castigo a los responsables del genocidio dictatorial. 

La investigación de torturas y desapariciones, la exhumación de cadáveres NN, la detecciòn de Campos Clandesitnos de Detenciòn (CCD) llevadas a cabo por la Comisiòn Nacional sobre la Desapariciòn de Personas (CONADEP) y el juicio a los integrantes de las Juntas, condenados el 9 de diciembre de 1985 a cadena perpetua y otras penas, se convirtieron en acicates para movilizaciones y exteriorizaciones de apoyo masivas hacia el gobierno, que luego fueron mermando al dictarse tiempo mas tarde las leyes de “obediencia debida” y “”punto final”. 

Si bien el gobierno alfonsinista incluyò en su agenda de transformaciones la cuestiòn sindical- la ley Mucci, que eliminaba el sindicato ùnico, la CGT ùnica e incluìa la participación de minorìas en la conducción de los gremios, fuè aprobada en Diputados pero vetada en la Càmara Alta-; el Acuerdo con Chile sobre el Canal de Beagle, que casi lleva a una guerra en 1978, ratificado en un 81% frente a un veto del 17%, y debió hacer frente a las embestidas “carapintadas” de 1987 y 1988, lideradas por Aldo Rico y Mohamed Alì Seineldìn respectivamente, no pudo evitar el pago de la deuda externa ilegìtima contraìda por la dictadura y sus compinches econòmico-financieros, verdaderos vampiros del paìs, ni hacerle frente a la nueva administración ultraconservadora y derechista de Ronald Reagan en EE.UU. y sus homólogos europeos, cuyo oràculo neoliberal fuè aplicado a rajatabla aquì y en otras naciones del subcontinente, echando por tierra las aspiraciones keynesianas de ampliar el mercado interno, aumentar salarios y exportar productos con real valor agregado.

La movida de piso de los poderosos a Alfonsìn, a pesar de sus tibiezas para con ellos, diò por tierra con un atisbo de un “movimiento històrico”, que finalizò en la quietud oscura de la  historia.

Es la economìa… y los bàrbaros

Al comenzar Alfonsín su mandato presidencial designó a Bernardo Grinspun, representante de la pequeña y mediana industria, como ministro de Economía. Al hacerse cargo de la cartera, el ministro económico intentó ampliar el mercado interno y combatir la denominada “patria financiera”. 

Sin embargo, a poco de andar tuvo roces con el representante del FMI, Joaquín Ferrán que, consecuente con los nuevos vientos conservadores y ultrarreaccionarios que soplaban en el EE.UU. de Reagan, pretendía aplicar, como después se hizo, la política del “ajuste”. 

En 1984, el gobierno alfonsinista intentó aplicar una moratoria de la Deuda Externa, contraída por seis meses, argumentando que debía conocer la situación de pago local además de evaluar el verdadero contenido de aquella, o sea, si era legítima o espúrea. 

Cabe destacar que en 1982, y por medio del denominado seguro de cambio implementado por el Banco Central, los funcionarios dictatoriales Domingo F. Cavallo y González del Solar diseñaron un plan que licuó las deudas contraídas por empresas como Celulosa, Perez Companc, Citibank, Acindar, Bridas, Alpargatas, Banco Ganadero, Fortabat y Techint. 

El mecanismo de licuación, que consistió en refinanciarles la deuda a través de la venta de dólares del Banco Central en el marco de una espiral inflacionaria, costó al país de 15 mil a 20 mil millones de dólares, llevando la deuda contraída por los facciosos uniformados de 5.300 a 45 mil millones de dólares. 

Alfonsín, a través de su ministro Grinspun, embistió contra esta jugarreta engendrada durante la dictadura, que debía durar hasta 1986, y para demostrar la ilegitimidad de la deuda mandó allanar, con la anuencia del Congreso, las oficinas del estudio Klein-Mairal, de Lavalle 1171, 8º piso, alzándose con valiosa documentación probatoria de ilícitos financieros y enroques cometidos en el período dictatorial. 

Algunas carpetas comprometedoras, que habían sido sacadas del estudio antes del allanamiento por los hijos de Mariano Grondona y Martínez de Hoz, pudieron ser halladas más tarde. Se encontraron en el estudio del ex secretario de Estado de la dictadura, Guillermo Walter Klein, doscientas carpetas que revelaban los enjuagues con bancos acreedores, las condiciones de los préstamos, el asesoramiento del estudio a bancos extranjeros y otras minucias. 

Así como la operación se realizó con éxito, se difuminó luego a través del empantanamiento de las funciones de la comisión investigadora. Cabe destacar que los grupos económicos veían en Grinspun un escollo para seguir obteniendo pingues ganancias a costa del país y presionaron a Alfonsín para que lo saque del medio, presión que se ratificó durante un viaje del presidente a EE.UU., donde Paul Volker, secretario del Tesoro y otros funcionarios, lo intimaron para  que se desprendiese de Grinspun, y a la par diera un giro a la política económica, consistente en reducir los gastos del Estado, aumentar la inversión extranjera, bajar los salarios, apoyar crediticiamente al campo a fin de aumentar las exportaciones tradicionales y aumentar impuestos. 

Esta política, impuesta a partir de febrero de 1985, cuando asumió la cartera económica Juan Vital Sourrille, seria anunciada poco tiempo después ante una manifestación de apoyo al presidente que denunciaba la gestación de un golpe de Estado. 

La “economía de guerra”, inicio del plan, se convirtió en la guerra económica contra el pueblo y la nación argentina. A partir de allí las consultas de Sourrille con funcionarios norteamericanos y del FMI fueron cosa cotidiana. 

Con la excusa de “contener la inflación” se adoptaron ajustes y se aplicó el denominado Plan Austral, de cambio de moneda, que no logró atenuar el constante deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.

Los bárbaros del norte, con Ronald Reagan a la cabeza, se habían hecho del gobierno de EE.UU. Militaristas, privatistas, liquidadores del Estado de bienestar, aumentadores de impuestos y cargas a los pobres, partidarios de la recesión y reactivadores del complejo militar-industrial en el marco del keynesianismo militar (el Estado como mercado cautivo de ventas de armamentos), los reaganianos impusieron su impronta en todo el mundo y, especialmente, en el subcontinente. 

Belicista y aventurero, Reagan redujo a partir de 1981, año en que comenzó a gobernar, los impuestos a los mas ricos. Esto se tradujo en un déficit presupuestario y en un aumento de la deuda pública, que no paró hasta la actualidad. Tampoco disminuyó, sino que aumentó, el nivel de pobreza de la población. Y también aumentó el nivel de concentración de la riqueza en pocas manos. 

Los bárbaros, que colonizaron al mundo con estas recetas de morondanga, apoyadas por misiles Trident y portaviones, desde los cuales se agredió a Libia, El Líbano, Nicaragua Sandinista y Granada, entre otras, acorralaron a Alfonsín a través de sus enviados económico-financieros y sus lacayos locales. 

La sujeción a los poderes externos, las propuestas de privatizaciones de SOMISA, Aerolíneas, Fabricaciones Militares e YPF, entre otras coas, fueron el salvavidas de plomo que el capitalismo concentrado ofreció al alfonsinismo, que se fue a pique. Catorce paros generales encabezados por el líder cervecero Saúl Ubaldini, sumarían a la caída del presidente radical, quien en un intento por enfrentarse a los grupos concentrados económico-financieros convocó a último momento a dos correligionarios, Juan Carlos Pugliese y Jesús Rodríguez, para que se hicieran cargo de la economía del país. Rodríguez llegaría a denunciar, con nombre y apellido, a los grupos económicos conspiradores, pero todo sería en vano.

“Es imposible persuadir a cierta gente. El imperialismo, mal que nos pese, existe”- dirá en los prolegómenos del fin del alfonisnismo el entonces Secretario de Coordinación Económica, Adolfo Canitrot. 

Antes había sentenciado: “ La deuda externa, en las actuales circunstancias, es impagable…La deuda inhibe la inversión privada y pública. El Estado queda reducido a garantizar el pago de la deuda externa…”.

Seis meses antes de lo previsto, Alfonsín debió entregar el gobierno a Carlos S. Menem, vencedor en las elecciones del 14 de mayo de 1989.

El caudillo justicialista riojano multiplicaría en progresión geométrica la deuda externa, la entrega del país, la liquidación del parque industrial, la explotación de los trabajadores, el desempleo y la soberanía nacional. Al finalizar su último mandato, la deuda externa habrá aumentado de 60 mil millones a 122 mil millones de dólares.