Causa Noble Herrera

Estela Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo convocó “a toda la sociedad” a participar de un acto esta tarde frente al Palacio de Tribunales al cumplirse diez años de la causa judicial que debe establecer si los hijos adoptivos de la dueña de Clarin son hijos biológicos de desaparecidos.

Ernestina Herrera de Noble junto a sus hijos adoptivos, Felipe y Marcela. | Foto: Cedoc

La demostración se realiza a las 18 en las escalinatas del Palacio de Justicia porteño, en Talcahuano entre Lavalle y Tucumán, un día después de que la Cámara de Casación Penal realizó una audiencia sobre el caso.

El máximo tribunal penal debe determinar si corresponde realizar la extracción de sangre a los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera ordenada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para cotejar su ADN con las muestras del banco de datos Genéticos, prueba a la que los jóvenes se resisten.

La jueza federal en diálogo con Radio Belgrano contó los avances en la causa donde se investiga si los hijos de Herrera Noble son de desaparecidos:

“Desde que el expediente llegó a este juzgado  las medidas orientaron a dar curso a esta pruebas que la cámara tuvo en cuenta, impartió específicas directivas, que debían llevarse a cabo sin mas dilaciones”, dijo la magistrada. 

Como en las medidas a tal fin no se pudo obtener el ADN necesarias, Arroyo resolvió en diciembre del año pasado disponer extracción de mínimas muestras, sea de salivas, sangre, piel, como lo autoriza el código con o sin el consentimiento de las presuntas víctimas. 

La magistrada señaló que desde que la causa de los hermanos Noble cayó en su juzgado, los trámites fueron hechos “de formas progresivas, gradual, de la forma menos lesivas”, con el fin de “agotar todas las  herramientas que legalmente la ley le da al juez para la obtención de estas muestras que son imprescindibles para avanzar en las medidas que tomó la Camara, sin mas dilaciones”.

Para llevarlo a cabo, sostuvo que antes se le explicó a Marcela y a Felipe sobre de lo que se trataba, así también cuales “eran sus derechos y la posibilidad que tenían de controlar desde la obtención hasta el propio peritaje”. Pero, ante su negativa, le ley permite recurrir a otros mecanismos alternativos menos lesivos. “El juez puede recurrir a esos mecanismos en la medida que pueda alcanzar, a través de ellos, igual certezas. Y esto es lo que no se pudo obtener una vez peritado los elementos secuestrados en las requisas anteriores”, añadió.

En aquella oportunidad, el banco Nacional de datos genético logró determinar en las muestras tomadas de las prendas de las presuntas víctimas, dos perfiles genéticos, una de una mujer, otro de un hombre. 

Pero, Arroyó insistió que en esos resultados dieron “certezas que fueran muestras indubitables. Tantos peritos del cuerpo forense, los peritos de parte como los peritos de banco genético, refirieron que no se podía aseverar que estos perfiles efectivamente les pertenecieron. Avanzar sobre esta cuestión iba a generar mas dudas que certezas”, sostuvo.

Por último, la magistrada señaló que “no se guía por percepciones y no me manejo por las intuiciones” ante la posibilidad que los hijos de Ernestina Herrera sean hijos de desaparecidos. A su vez, remarcó que la defensa de los Nobles “ejercen su derecho en el modo que entiende que deben hacerlo. A mi me toca actuar en otra función, no puedo abrir juicio sobre la actuación de otros profesionales”, concluyó.

Ernestina Herrera de Noble admitió, en una carta pública que publicó el diario Clarín en 2003, la posibilidad de que sus hijos adoptivos fueran hijos de desaparecidos. Lo hizo el 11 de enero de 2003, después de haber estado en prisión acusada de falsedad ideológica de documento público. 

Había llegado a la cárcel por adulterar los expedientes de adopción de Marcela y Felipe, y el juez la acusaba de supresión de identidad y alteración del estado civil. El juez fue destituido por mal desempeño y ella fue liberada. Pero la causa siguió su curso.

Ernestina y sus abogados sostienen aún que hubo una adopción regular y se oponen al cruce de los datos genéticos de los jóvenes con el de todos los familiares de desaparecidos. Solo aceptan que se hagan los estudios en el Cuerpo Médico Forense, que no depende del Poder Ejecutivo, y que los resultados se comparen únicamente con las dos familias reclamantes.

“Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal. Y siempre les he dicho que yo apoyaba la decisión que ellos tomaran”, escribió Ernestina en una “Carta abierta de la directora de Clarín” que se publicó en el matutino porteño.