"Cambiemos" una menor cobertura social por ahorro fiscal

Siguen dadas de baja la mayor parte de las pensiones no contributivas eliminadas por el Gobierno, que la ministra había prometido restablecer

Carolina Stanley había prometido resolver esta semana “el error”. Fuentes gremiales aseguran que la mayor parte sigue de baja.

Por Cristian Carrillo

Imagen: Arnaldo Pampillon

Personas discapacitadas, niños y ancianos, afectados por la arbitraria medida, tampoco cobrarán este mes las pensiones, advirtieron desde ATE. 

Pese a que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, prometió la semana pasada el restablecimiento y revisión de las pensiones no contributivas que se eliminaron bajo su gestión, los trabajadores de esa dependencia denunciaron ayer que hasta el momento no hubo tal restitución. Incluso informaron que las que habían sido suspendidas el año pasado y que deberían estar bajo análisis ya fueron dadas de baja definitivamente del sistema. Esto último refleja fielmente que no se trató de un error en el cruce de datos sino de una política deliberada de achicamiento de la cobertura social por parte de la alianza Cambiemos. En el último año y medio, la cartera que conduce Stanley suspendió y eliminó unas 173 mil pensiones por invalidez mediante el uso de un decreto del menemismo que implica un endurecimiento en las condiciones de acceso a ese derecho. Las pensiones dejaron de pagarse a estos beneficiarios de un día para el otro por tener un porcentaje de invalidez inferior al 76 por ciento, haber conseguido algún empleo -aunque fuese temporal- o contar con un mínimo ingreso o capital en el hogar, como tener un auto usado. Las consultas efectuadas ayer por Página 12 al área de la ministra para pedir una respuesta a la denuncia, no obtuvieron resultados. 

Bajo el argumento de un supuesto cruce de datos, Desarrollo Social reconoció que el año pasado se quitaron 90 mil pensiones, a las que se suman las 83 mil de la primera mitad de 2017, principalmente a madres con siete o más hijos y a personas con invalidez. A estas bajas se suman las demoras para la aprobación de nuevas altas. En la página oficial del ministerio se invita a quienes quieran tramitar esa pensión, ya sean madres con siete o más hijos, por invalidez o adultos mayores, a concurrir al Centro de Atención Local (CAL) más cercano a su domicilio. En esas dependencias se amontonaron más de 100 mil expedientes para solicitar ese auxilio mínimo, los cuales fueron trasladados a la sede de Capacitación del Ministerio de Desarrollo Social, en la calle Alsina, informaron ayer los trabajadores de esa cartera. “Las pensiones tramitadas durante esta gestión tienen una demora promedio de año y medio aproximadamente, entre el inicio y el otorgamiento”, advierten.

La eliminación de la asignación no sólo implica dejar de cobrar los 4199 pesos a quienes tengan distintas problemáticas graves que le impidan mantenerse económicamente, sino también la suspensión de otros beneficios asociados a esa condición, como la devolución del IVA para consumo familiar y medicamentos gratis (para quienes lo necesiten), entre otros derechos adquiridos. Este paquete que dejó sin efecto el gobierno se convierte en un golpe difícil de cuantificar para todas aquellas familias que se enteraron al momento de ir a cobrar su pensión, como todos los meses, que habían sido eliminadas del sistema por una supuesta depuración del padrón por parte del gobierno.

Ni miras 

Las suspensiones se vienen realizando desde mediados de 2016 y a partir de enero último el número se incrementó drásticamente. Pero recién la semana pasada, cuando estalló el escándalo, Stanley prometió rever la situación de los damnificados con el tijeretazo. “Lo primero que queremos es transmitir tranquilidad al respecto y que hay un millón y medio de familias que reciben una pensión en la Argentina y que la van a seguir cobrando. Se restablecerán todas aquellas pensiones de personas que tienen discapacidad y que, por error de aplicación de criterio, pueden haberse quedado sin cobrar la pensión del último período”, había asegurado la ministra. Hasta el momento sólo se restituyeron 24.600 de las 170 mil pensiones suspendidas y dadas de baja. 

“Advertimos a la opinión pública que no se restituyeron las pensiones suspendidas”, señala un comunicado difundido ayer por los trabajadores de la Comisión Nacional de Pensiones del Ministerio de Desarrollo Social, quienes manifestaron su preocupación por la baja de este derecho. Según detallan los empleados que dependen de Stanley, “no se restituyeron las pensiones en aquellos casos en que no se acreditó el porcentaje de incapacidad no reglamentaria (aquellas personas que han concurrido alguna vez al Anses, y no lograron el porcentaje de auditoría médica, para tramitar otras pensiones)”. El decreto de 1997 que esgrime el gobierno para justificar esta poda no se había tomado anteriormente al pie de letra y durante el kirchnerismo se relajaron las condiciones, permitiendo que se reparara la situación de 1,6 millones de personas en 2015. La letra del decreto reclama un porcentaje de invalidez superior al 76 por ciento, que la propia Anses se encarga de acreditar. Más allá del porcentaje, el universo de socorridos está compuesto esencialmente por personas que sufren enfermedades que los dejan en desventaja en el mercado laboral y en la vida cotidiana (HIV, cáncer, diabéticos insulino dependientes, lupus, EPOC, esclerosis múltiple, convulsiones, fibromialgia, problemas visuales o auditivos severos, o niños y adolescentes que sufren retrasos madurativos, autismo o trastornos de desarrollo, entre otras causas). 

“No se restituyeron las pensiones a aquellas por cruces con AFIP o por (erróneamente) vuelta al trabajo”, denuncia la Junta Interna de Delegados de ATE Pensiones, que encabeza Walter Pignataro. En el caso del cruce de información con otras dependencias, en la mayoría de los casos se eliminó o suspendió la pensión por encontrar un auto a nombre de alguno de los integrantes del grupo familiar. En muchos casos, son autos usados que son necesarios para movilizar a quien, con una incapacidad mayor a 76 por ciento, no podría hacerlo de otra manera. Por último, el comunicado alerta que tampoco se restituyeron las pensiones suspendidas durante 2016 por “diversos motivos”. 

Stanley y el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, aseguraron que se habían puesto bajo análisis, y que las que se dieron de baja en el primer semestre de 2017 también serían revisadas. Sin embargo, desde la interna de los trabajadores de Desarrollo Social denunciaron que no hubo tal análisis. “Registramos que muchos de estos casos, en julio ya figuran de baja en el sistema. Los trámites para rehabilitación y pago se encuentran demorados en distintos sectores del organismo”, amplía el comunicado de los empleados de esa dependencia, quienes exigen la restitución de las pensiones caídas y la agilización de los trámites demorados. Consultados por este diario, desde la cartera de Stanley no dieron precisiones ni refutaron el contenido de la denuncia que realizan los delegados de ATE sobre esta irregular situación de recorte de la asistencia social.

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