Ecuador / Opinión: El descarado ejercicio de la política

por Guillermo Navarro Jiménez

Iván Carvajal nos recuerda que Bolívar Echeverría, el enorme filósofo ecuatoriano recientemente fallecido, diferenciaba entre la política como ejercicio por el control del poder, y lo político como construcción de una nueva forma de democracia. Concepción que nos permite comprender que el rol que desempeñan los medios de comunicación social respecto a la estructuración del proyecto de Ley de Comunicación, no puede ser entendido como la búsqueda de nuevas formas de democracia, como falazmente lo proclaman, sino como un ejercicio por mantener su poder, por consolidarlo, por blindarlo, por mantenerlo intocado. Como lo demuestra que para ello no duden en acudir a cualquier recurso para manipular la opinión pública, por más descarado que éste sea. Examinemos algunos ejemplos que demuestran nuestro aserto.

El diario El Comercio, en su edición del 23 d junio, en primera página afirma: “En siete países, los consejos de Comunicación sólo regulan radio y TV, por el uso de frecuencias. En el caso ecuatoriano se pretendería ampliar el control a la prensa escrita”. Cita que sugiere que el control de los medios de comunicación impresos no existe y no debe existir, afirmación que no tiene asidero alguno y que solamente constituye un esfuerzo por manipular la opinión pública en contra del proyecto de Ley de Comunicación. Efectivamente y como lo comprueba el desarrollo de la noticia, los consejos de comunicación a los que hace referencia son todos circunscritos a medios audiovisuales, esto es a la radio y televisión. La manipulación se evidencia, entonces, por la omisión premeditada del control del que son sujetos los medios impresos a través del cumplimiento o no de las normas contenidas en los códigos deontológicos (1) . Basta revisar, por ejemplo, el libro de Ernesto Villanueva: “Deontología informativa. Códigos deontológicos de la prensa escrita en el mundo”, para llegar a la conclusión contraria a la sugerencia objetada, o recordar el caso de la demanda contra Emilio Palacio, para entender que los contenidos de los medios impresos son también objeto de control, en ese caso por vía judicial(2) . Abundando, la reciente inclusión de las columnas de corrección de errores o la ya lejana institucionalización del defensor del lector, son respuestas al control de contenidos de la prensa escrita, por parte de la ciudadanía. En consecuencia, si el planteamiento del proyecto de Ley mantiene la línea ya establecida en el mundo entero, la oposición a ese precepto es una acción política de los medios impresos por mantener su poder intocado. Por evitar se apruebe la sobrenormatividad que demanda Pasquali .(3)

El editorialista del diario Hoy, doctor Claudio Mena Villamar, para manifestar su desacuerdo con el contenido del proyecto de Ley de Comunicación que hace referencia a que la información debe ser contextualizada y verificada, afirma en su editorial Codazos publicado en la edición del día 22 de junio del año en curso: “¿Contextualizada? Sí, señores.

Algo fuera de contexto es, por ejemplo, hablar de la extracción de petróleo cuando se está tratando de la distribución del agua. Sería un pecado mortal según la ley mordaza”. Definición falsa de falsedad absoluta, sólo imputable a ignorancia del autor sobre temas de comunicación o simplemente a un esfuerzo por manipular la opinión pública.

Efectivamente, si reconocemos la condición intelectual del doctor Mena, es evidente que seguramente sabe, como cualquier iniciado en comunicación lo conoce, que contextualizar no es cambiar la exposición de un tema a otro como lo plantea, sino incluir los “hechos con los cuales tiene una conexión espacio-temporal cercana”, como lo afirma José Darío Restrepo, sobre cuya sapiencia nadie duda.

En consecuencia, la aseveración del doctor Mena es un ejercicio político en defensa del poder de los medios y no una acción pedagógica como simula.

Si los ejemplos anteriores son decidores, lo es más la matriz de opinión(4) armada por el conjunto de medios de comunicación social, respecto a la conformación del Consejo de Comunicación. Efectivamente, todos los medios, al unísono, critican ácidamente la presencia del ejecutivo -a través de postulantes a ser elegido por el Consejo de Participación Ciudadana-, sobre un supuesto conflicto de intereses por ser objeto de control por parte del Consejo. Lo que ocultan los críticos de la participación del ejecutivo, es un hecho irrefutable: durante 13 años participaron del Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL), tanto el Presidente de Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión (AER) como el Presidente de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE), violando expresas normas constitucionales, irrespetando los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado.

Entonces, todo estaba bien, no existía conflicto de intereses, seguramente por qué consideraban que los intereses de los medios de comunicación estaban sobre los intereses de la nación en su conjunto. Que su interés por concentrar en sus manos todos los grandes medios de comunicación social, estaba sobre la diversidad de voces que fortalece la democracia que hoy dicen defender.

Doble moral que evidencia que la posición de los medios es una acción política y no una defensa de la constitución, a la cual violaron durante 13 años sin inmutarse. Acción política extrema ante el fracaso de sus pretensiones para que el proyecto de Ley de Comunicación vuelva a incluirlos en el Consejo de Comunicación, calidad de miembros con voz, como lo demandaron en comunicación remitida a la Comisión Ocasional de Comunicación en septiembre del año pasado.

Las “objeciones” al proyecto de Ley de Comunicación, igualmente pasan por tratar de descalificar la norma que determina que el Consejo de Comunicación autorizará la concesión del título habilitantes, luego de un concurso abierto y transparente, que incluye un nuevo elemento: la propuesta de programación.

Al así actuar, los grandes medios de comunicación olvidan, premeditadamente, que el CONARTEL, del cual formaron parte durante 13 años violando la Constitución, igualmente concedía autorización previa para la concesión de una frecuencia, como lo comprueba el que la Ley de Radiodifusión y Televisión vigente, en el quinto artículo innumerado, literal d, establece como una de las atribuciones del CONARTEL: “Autorizar luego de verificado el cumplimiento de los requisitos de orden técnico, económico y legal la concesión de canales o frecuencias de radiodifusión o televisión, su transferencia a otros concesionarios, el arrendamiento de las estaciones y la cancelación de las concesiones”. Disposición igual a la establecida en el proyecto de Ley de Comunicación. ¿Cuál es entonces la razón para este trato discriminatorio? ¿Cuál es la razón para esa doble moral? La respuesta es obvia, es producto de la frustración de sus propósitos de continuar participando en el Consejo y adjudicando las concesiones de frecuencias, a su libre arbitrio y en su propio interés.

La desinformación de los medios de comunicación social privados en contra de las acciones gubernamentales en el campo de la comunicación, por cierto no se concentran en el proyecto de Ley de Comunicación, se extienden a otros ámbitos. La revista Vanguardia es buen ejemplo de esta práctica. En el número 242, página 5, sugiere en el recuadro: “Enrique Arosemena. Un anuncio que trae cola. Exceso de optimismo, opacidad técnica o derrotero político . . . . Enrique Arosemena, presidente ejecutivo de Ecuador TV, agitó las aguas al anunciar que el canal del Estado saltará de los extramuros de la frecuencia 48 hacia la banda del 2 al 11, frecuencia en VHF ya copada. ¿Las salidas? ¿Qué Gamavisión pase a UHF? ¿Enroque con Teleamazonas? ¿Liberación de las señales de respaldo de las otras cadenas? Menuda noticia que suena a crónica macondiana”. Contenido que, sin duda alguna, tiene por objetivo defender los intereses de los canales de TV privados, a través de ocultar la verdad objetiva. ¿O será producto de una ignorancia manifiesta? Es el caso, estimados conciudadanos, que los canales de televisión en VHF se establecen de 2 en dos, para evitar interferencias, salvado el canal 5, por la presencia de la banda FM.

En consecuencia, los canales de Tv en VHF son: 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13. Lo que ocurrió es que los grandes medios, para evitar la entrada de un competidor más se saltaron el canal 7 y optaron por el 8, 10 y 12. En consecuencia la banda en VHF no está copada. No se requiere de enroque alguno. Simplemente se requiere de una recalibración de los equipos para que se libere el canal escondido. Nada más. Lo macondiano resulta, entonces, de una crasa ignorancia o de una intencionalidad política manifiesta.

Ante estas posiciones es ineludible descubrirlas, realizar una lectura crítica de la “información” proporcionada por los grandes medios de comunicación social, descifrar su intencionalidad política. Sólo entonces podremos descubrir cual son los propósitos ocultos. Cuales los objetivos del poder económico y político que se halla tras de los grande medios de comunicación y de su aparente defensa de la democracia.

(1) - “Deontologías (o morales profesionales) son conjuntos coherentes y puntuales de normas autorreguladoras, de autoestima, buen ejercicio y respeto al beneficiario de actividades o profesiones específicas, desprovistas de sanciones en sentido jurídico”. Pasquali, Antonio: “Comprender la Comunicación”, Editorial Gedisa, Barcelona, España, abril del 2007, página 54.

(2) - Al respecto debemos señalar que el gobierno del Presidente Correa, señaló a la doctora Catalina Botero, Relatora Especial para la libertad de expresión del Consejo Interamericano de Derechos Humanos, que en el “Anteproyecto de Código Orgánico de garantías penales”, se eliminan los delitos de ofensa contra funcionarios públicos, el desacato y ciertas modalidades de injuria. Véase: “Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, página 77.

(3) - “Las deontología pueden pues asegurar una útil y más fina regulación comportamental cuando añaden una sobrenormatividad a preexistentes y respetadas normas morales y jurídicas, o pueden convertirse en coartadas cuando pretenden eludirlas esquivando la sanción jurídica administrada por el Estado”. Op. Cit. Página 55.

(4) - Es la forma de comunicar masivamente, todos los días y en todos los periódicos, emisoras de radio y TV posibles, de una determinada comunidad, una idea o un pensamiento específico (sin importar que sea una simple conjetura o especulación) con el tono y de la forma conveniente para que las personas de dicha comunidad, al ser bombardeados de manera incesante por los medios de comunicación, crean vehementemente en ello hasta el punto de ni siquiera preguntarse si será cierto o no.