La venganza social

Por Horacio Verbitsky
Aunque De Narváez sea derrotado, mañana mismo se reanudarán las hostilidades de los propietarios del agro pampeano en su ofensiva por la conquista del poder. Para poner a la defensiva al Gobierno cuentan también con la Unión Industrial, que presiona por otra megadevaluación que, como en 2002, unifique los intereses de terratenientes e industriales, a expensas del salario de los trabajadores.

Los grandes propietarios del agro pampeano intentarán retomar hoy en las urnas lo que empezaron por otros medios en 1976 y que Guillermo O’Donnell llamó “la venganza social de la oligarquía contra la Argentina plebeya”, que incluye a los trabajadores pero también “a esos empresarios tipo Gelbard, que comían mal en la mesa”. Lo harán balbuceando el discurso republicano que les enseñaron sus asesores de imagen. Los comicios serán apenas una escala en su ofensiva de un año y medio por la conquista del poder. Pero aunque su principal candidato resulte derrotado, mañana mismo reanudarán las hostilidades para poner a la defensiva a un gobierno con el cual tienen diferencias ideológicas profundas porque expresa una visión contrapuesta de la sociedad, la relación entre las clases que la componen y sus modos de inserción en el mundo. Podrán contar también con la Unión Industrial, que ha encomendado a su ex presidente José Ignacio de Mendiguren la redacción de su pliego de condiciones. El ex ministro de Devaluación y Pesificación Asimétrica durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde y operador de la transnacional italiana Techint, cuya breve gestión cumplió la misión de licuar los pasivos empresariales e implicó una gigantesca transferencia de ingresos, vuelve a insistir ahora en el más rústico instrumento de política económica: una megadevaluación que, como entonces, unifique los intereses de terratenientes e industriales, a expensas del salario de los trabajadores.

Tiernos corazones

El bloque agropecuario que conducen la Sociedad Rural y su socio en el predio de Palermo, Francisco de Narváez, presentará también otros diecisiete candidatos a diputados nacionales en diez provincias, distribuidos en las listas de Unión Pro y el Acuerdo Cívico y Social. Entre ellos se destaca Jorge Chemes, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos. El 28 de mayo, en un acto de la Mesa de Enlace entrerriana, convocado para que los candidatos dieran a conocer sus propuestas legislativas Chemes dijo que la suya, “como en la guerra”, era “ir matando a los de la primera fila; hay que barrer a la mayoría, a la mugre, para después sí empezar a remar. Este despelote es tan grande que lo primero que hay que hacer es entrar en el horno, barrer las mayorías. Hay que cortarles la mano a los Kirchner porque vienen por más. Se quieren quedar con todo, con lo nuestro”. El ex gobernador Jorge Busti lo denunció a la justicia por “incitación al odio y a la persecución”. Otro candidato rústico de notable sinceridad es el presidente de la Regional Chaco/Formosa de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Vicepresidente 2 de CRA Nacional, Ricardo Buryaile. Durante el lockout de 2008 dijo que si el Congreso aprobaba la resolución 125 habría que cerrarlo. Ambos pidieron disculpas al percibir la reacción ante sus palabras, cosa que ni siquiera hizo Alfredo De Angeli cuando hasta la Federación Agraria repudió su recomendación de subir los peones a la camioneta y decirles por quién votar. El sector también presenta candidatos a senadores y diputados provinciales y a concejales. La idea de una creciente representación legislativa desde distintos partidos fue inspirada por el ejemplo brasileño, donde el bloque transversal agropecuario acaba de conseguir un éxito mayor, con la ley que convalidó las explotaciones de soja y ganadería en 67 millones de hectáreas en el Amazonas, que equivalen al total de la región pampeana argentina. Aunque De Narváez prefiera ocultarlo, porque lo que busca son votos, la articulación agropecuaria con un sector justicialista fue inspirada por el ex senador Eduardo Duhalde y su operador fue el ganadero Jorge Srodek, viejo amigo del filántropo colombiano y novio de una íntima amiga del matrimonio de Lomas de Zamora. Esto permite atisbar el tipo de utilización del Estado que conciben: cuando Duhalde gobernaba la provincia de Buenos Aires, De Narváez obtuvo un crédito de 100 millones de dólares sin garantías en el Banco Provincia, para apoderarse del predio de la Sociedad Rural en Palermo, en combinación con Luciano Miguens y Hugo Biolcati. En el mejor de los casos, el predio volverá a la Rural en dos décadas, en el peor será rematado y terminará en un gran negocio inmobiliario, para el que De Narváez cuenta con las desarrolladoras urbanas de Angelo Calcaterra, el nuevo padrino de la familia Macri.

Un siglo después

El control del sistema político es la asignatura pendiente de este sector desde 1916, cuando nació la democracia electoral argentina con el voto masculino, universal, secreto y obligatorio. La clase social que organizó la Argentina e integró en forma exitosa su economía al mercado mundial no pudo construir una expresión política capaz de expresar por medios democráticos su rol conductor, como sí lo hicieron sus homólogas de Chile y Uruguay. Esa es la explicación más plausible para la inconsistencia de ese sistema, jaqueado durante más de medio siglo por los golpes militares y, una vez cerrado ese ciclo, por la notable labilidad de los dos grandes partidos que se han alternado en el mando, en los que es posible virar del progresismo alfonsinista al conservatismo de la Alianza, del menemismo al kirchnerismo. En las elecciones de hoy los objetivos coexistentes del agro pampeano son recolonizar a ambas fuerzas tradicionales y crear su propio instrumento electoral. Esta es su versión gramsciana de lo viejo que se niega a morir y lo nuevo que no termina de nacer. Hizo falta un economista, como Eduardo Basualdo, para explicar que la imposición de esa hegemonía le importa más al bloque agrario que unos puntos de rentabilidad. Como se aprecia en los gráficos sobre las ganancias de la soja de primera en la zona núcleo de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde tienen sus explotaciones los mayores propietarios, el precio de este año superó en 54,4 por ciento al del promedio del quinquenio 2003-2007, y el margen bruto (medido con los costos y los precios de esta semana) fue 113,1 por ciento mayor que en el promedio de ese lustro. Esa rentabilidad excepcional es la que permitió a la Federación Agraria desdeñar las mejoras que se habían introducido en la Cámara de Diputados en beneficio de los productores medianos y pequeños con tal de asestar un golpe político al gobierno (ver cuadro 1 y grafico 1).

Si la hija de Julio Cobos le hubiera permitido votar a favor del proyecto del gobierno que integraba, los más beneficiados habrían sido los productores de trigo y girasol, cuyas retenciones, con los precios FOB de esta semana, serían inferiores a las vigentes. En el caso de la soja serían más altas, porque la cotización ha vuelto a subir, pero las compensaciones que obtendrían los pequeños productores de hasta 300 toneladas por año les asegurarían una mayor ganancia que luego del voto no positivo del especialista en hacer amigos (ver cuadro 2).

Si se cotejan los márgenes brutos para grandes y para pequeños productores con y sin las retenciones móviles y las compensaciones de la derrotada 125, se observa que las ventajas obtenidas con ese resultado por los grandes productores superan las de los pequeños, en todos los cultivos, salvo el trigo, donde no hay diferencia. En ese cereal, donde hoy tienen un quebranto de veinte dólares por hectárea, con la 125 los pequeños obtendrían beneficios. En el caso del girasol, la resolución 125 y sus modificatorias mejoraría la rentabilidad de todo tipo de productores. En el de la soja se observa con mayor claridad las ventajas para los grandes productores derivadas de la derrota del proyecto oficial, que significó también un retroceso para los pequeños (ver grafico 2).

Bendita soja

En las primeras décadas del siglo pasado, la jerarquía católica jugó un papel principalísimo en la conversión de las Fuerzas Armadas en Partido Militar, como instrumento de aquella oligarquía incapaz de forjar sus propios instrumentos electorales. Esa clase tenía aversión a la democracia, porque no lograba imponerse con esas reglas del juego, y temor a la sublevación social, por el efecto de las revoluciones mexicana y soviética. La Iglesia compartía ese rechazo, por su concepción del origen divino del poder, opuesta a doctrina rousseauniana de la soberanía popular. Las conferencias en la Catedral del gran predicador católico de la época, monseñor Miguel de Andrea, atraían a la alta sociedad. De Andrea se proclamó defensor de “esas grandes columnas de la civilización que se llaman propiedad, familia, religión y patria”. Con ese lema desarrolló la teoría del enemigo interno, que “está dentro de nuestras fronteras, se alimenta sobre nuestro suelo y descansa bajo nuestros techos”, contra el cual propuso “la formación de una cruzada patriótica”. En 1919, a un año de la Reforma Universitaria en Córdoba y tres meses después de la Semana Trágica, De Andrea explicó que la Universidad estatal contribuía a crear un proletariado intelectual, que al recibir una cultura amplia, vislumbrar una vida cómoda y brillante, siente como nadie las humillaciones y estrecheces de una situación inferior. Para impedirlo era preciso procurar “el equilibrio entre la oferta y la demanda” y al mismo tiempo formar a una elite católica, con la finalidad superior de servir a la patria y a la religión. Habría que esperar más de medio siglo para que la última dictadura llevara esta venganza social a la práctica. En 1981, cuando la última dictadura tambaleaba, el Episcopado hizo su resignado ajuste de cuentas con la democracia en el documento “Iglesia y Comunidad Nacional” donde por primera vez reconoció el carácter pluralista de la sociedad argentina y pronunció su propio Nunca Más. Esto no implica que carezca de preferencias dentro de esa sociedad plural. Durante el largo conflicto con las patronales agropecuarias su jerarquía fue un aliado invalorable de los rebeldes. El responsable de los asuntos políticos del Episcopado, Alcides Jorge Pedro Casaretto, organiza cada año una “Semana social”, en la que empresarios, sindicalistas y políticos, denominados “constructores de la sociedad”, reciben y propinan conferencias sobre la pobreza. El principal colaborador laico de Casaretto es el ingeniero Eduardo Luis Serantes, director de la empresa de agronegocios Cazenave y Asociados, responsable del fondo agrícola de inversión de Molinos y asesor de empresas agroindustriales y de servicios, como Dow Agro Sciences SA. En la semana previa al acto del 25 de mayo del año pasado en Rosario, Casaretto y Serantes recibieron en San Isidro al entonces presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, quien les pidió ayuda para forzar al gobierno a una negociación. La respuesta fue una declaración del Episcopado en los términos que planteaba la Mesa de Enlace. Un asistente habitual a esas semanas sociales es el cardenal italiano Renato Rafaele Martino, presidente del Consejo de Justicia y Paz del Vaticano y un entusiasta defensor de los organismos transgénicos, lo cual contraría la tradición católica. En esos viajes, Martino recorre los campos que posee en Suipacha, la rica zona sojera del oeste de la provincia de Buenos Aires. Como es de suponer, no se trata de inversiones personales del cardenal.

Cuadro 1

Cuadro 2

Gráfico 1

Gráfico 2