Escrito presentado ante el juez Bonadio por la causa "Dólar Futuro"

CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER·MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL DE 2016

Señor Juez:
Cristina Fernández de Kirchner, por mi propio derecho, en la causa Nº 12.152/15  caratulada “Banco Central de la República Argentina s/defraudación…”,  en trámite por ante ese Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional  Federal Nº 11, Secretaría Nº 22, con el patrocinio letrado del Dr.  Carlos Alberto Beraldi (CUIT 20-13430665-4), constituyendo domicilio en  Av. Santa Fe 1752, 2º A, a V.S. digo:

I.-
Objeto.

Que  a efectos de ejercer mi derecho de defensa en juicio vengo a efectuar  esta manifestación, la cual solicito se incorpore a la causa en el marco  de la declaración indagatoria ordenada en autos.

II.
Introducción.

1)  Cada vez que un Movimiento Político de carácter Nacional y Popular fue  derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron  utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes,  atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con  abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos.
Sin  embargo, los verdaderos motivos siempre fueron los mismos: por un lado,  barrer con las conquistas logradas y los derechos adquiridos por la  sociedad en sus diferentes estamentos y actividades; por el otro,  imponer programas de “ajuste” y endeudamiento -matrimonio indisoluble-  utilizando la supuesta corrupción para ocultar ambos objetivos. Con el  correr de los años cada uno de esos supuestos “procesos moralizadores”  devinieron en formidables transferencias de ingreso y patrimonio de las  grandes mayorías a las elites gobernantes y sus grupos económicos  vinculados, saliendo a la luz los escandalosos mecanismos de corrupción  para hacer operativas esas políticas.
No  son pocos los hechos históricos que así lo demuestran. El primer ex  Presidente argentino que tuvo que enfrentar a un juez no fue peronista,  por una razón muy sencilla: el movimiento nacional y popular en ese  momento todavía lo encarnaba el radicalismo y su figura liminar:  Hipólito Yrigoyen. Derrocado en 1930 por el primer Golpe Militar de la  historia y, oh casualidad, convalidado y legalizado por acordada de la  Corte Suprema de Justicia de la Nación, debió sufrir ser investigado por  una comisión especial por supuestos hechos de corrupción, siendo  encarcelado en la Isla Martín García. Recuperó su libertad merced a un  indulto que Yrigoyen rechazó. El día que lo liberaron asumía el General  Justo como Presidente de la República Argentina, dando inicio a lo que  históricamente se conoce como “Década Infame”, llamada de esa forma por  lo que constituyó un período de escandalosa corrupción y entrega del  país. Sin embargo, no se detuvieron allí. Lo volvieron a encarcelar y  pasó el último año de su vida en Martín García. Eso sí, esta vez no fue  por corrupción, lo acusaron de conspiración.
Más  tarde, el Movimiento Nacional y Popular se encarna en el Peronismo y en  la figura de sus fundadores: Juan Domingo y Eva Perón. Durante sus dos  Gobiernos los Derechos y conquistas populares construyen historia y  época. Una vez más y tras el derrocamiento del General Perón, el  gobierno de facto dictó el Decreto Ley 5143/1955 que creó la Junta  Nacional de Recuperación Patrimonial, una comisión especial en franca  violación del texto constitucional asignándole funciones  jurisdiccionales bajo el “loable propósito” de obtener la  incautación de todos los bienes de los que se habrían apoderado los  funcionarios corruptos del anterior gobierno.
Pese  al grado grosero de afectación de los principios más elementales del  Estado de Derecho, hubo magistrados y funcionarios judiciales, incluso  de las máximas instancias, dispuestos a justificar semejantes atropellos  sin abandonar sus citas leguleyas e invocación de valores éticos que se  correspondían con “su ser nacional”.
A  título de ejemplo me permito citar el fallo de –una vez más- la Corte  Suprema Justicia de la Nación del 21 de junio de 1957, en la causa “Juan  Domingo Perón s/ bienes mal habidos”. Aquí en el dictamen del  Procurador General ante ese Alto Tribunal se efectúan los siguientes  señalamientos:
“1°  Que antes de la revolución de septiembre de 1955 el país se hallaba  sometido a un gobierno despótico, y en un estado de caos y corrupción  administrativa, debido a la acción directa de las personas comprendidas  en el decreto ley 5.148/55 y, en especial, a la del recurrente en esa  causa.
2°  Que uno de los fines primordiales de la revolución fue el de restituir  al patrimonio público los bienes adquiridos ilícitamente por las  personas indicadas, quienes, como es de pública notoriedad, se  enriquecieron inmoralmente aprovechando los resortes del poder omnímodo  de que disfrutaba Juan Domingo Perón y del que hacía partícipe a sus  allegados…”
Por su parte, en la sentencia aludida, la propia Corte, en referencia al gobierno peronista, decía lo siguiente:
“…Esta  opresión innoble sólo ha servido para el auge de la corrupción y para  la destrucción de la cultura y la economía, de todo lo cual es símbolo  tremendo el incendio de los templos y los sacrosantos archivos de la  patria, el avallasamiento de los jueces, la reducción de la Universidad a  una burocracia deshonesta y la trágica encrucijada que compromete el  porvenir de la República contra la entrega de sus fuentes de riqueza  (diario “La Nación”, septiembre 23 de 1955m página 1)”.  
Cualquier  coincidencia con los discursos y las acciones de actual Gobierno y de  las decisiones de algunos sectores del Poder Judicial, no es casualidad.
La  historia de dieciocho años de proscripción, lo acontecido en dicho  período histórico y finalmente el retorno de Perón al país para ejercer  su tercera presidencia me eximen de mayores comentarios.
2)  En el año 1976, la dictadura genocida más sangrienta de nuestra  historia siguió idéntico camino respecto de las autoridades  constitucionales que habían sido derrocadas y de dirigentes que ni  siquiera formaban parte de ese Gobierno, es más, algunos eran fuertes  opositores al mismo. De esa manera truncaron el proceso democrático  impidiendo las elecciones nacionales presidenciales que ya habían sido  convocadas. Al momento del Golpe, Argentina era un país industrial donde  la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno era  casi del 50% y el endeudamiento externo era sumamente bajo y no  implicaba condicionamiento alguno.
Así,  el 21 de octubre de 1977, en el ámbito del Ministerio del Interior, se  creó la tristemente célebre “Comisión Nacional de Responsabilidad  Patrimonial” (CONAREPA) que incautó no sólo propiedades y bienes  correspondientes a la funcionarios del gobierno derrocado, sino también a  empresarios, dirigentes políticos y sindicales, todos ellos detenidos  exclusivamente por motivos políticos. Eso si, bajo la pátina, siempre  conveniente y mediática, de lucha contra la corrupción
También,  de manera no menos lamentable, se registran precedentes judiciales que  avalaron las ominosas conductas descriptas. Es imperioso señalar que la  participación del Poder Judicial siempre se convierte en condición “sine  quanon” para este tipo de prácticas. En este sentido, un ejemplo  paradigmático es el caso de “Papel Prensa”. En el mismo, todos los  bienes de la familia Graiver pasaron a ser administrados por la referida  CONAREPA, bajo la mirada complaciente de los jueces de aquellos años y  la inactividad de los jueces de hoy. Ha pasado mucho tiempo y todavía  los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la familia Graiver  se encuentran sin recibir el correspondiente castigo.
Hace  pocos días se cumplieron 40 años de lo que fue el Proceso “Moralizador”  del 24 de marzo de 1976. Su saldo trágico en materia de violación de  DD.HH., endeudamiento, desindustrialización, financierización de la  economía, aún lo estamos pagando en el sentido más literal del término.
Los  antecedentes mencionados ayudan a comprender que lo que sucede en la  actualidad debe ser inscripto en un contexto político e institucional  que se ha repetido a lo largo de nuestra historia: los avances y  retrocesos que en materia de derechos y bienestar han sufrido en el  pasado y vuelven a sufrir hoy los argentinos.
Precisamente  por el valor histórico de los expedientes, registros, actuaciones y  toda otra documentación de la infausta CONAREPA, como Presidenta de la  Nación dispuse su traslado al Archivo Nacional de la Memoria, como  ejemplo de un pasado que no queremos repetir.
3)  Sin embargo, una vez más la historia se repite y el pasado vuelve a  atrapar a los argentinos: endeudamiento, devaluación,  despidos,  persecuciones políticas, tarifazos en servicios públicos esenciales e  indispensables, estampidas imparables de precios, comercios cerrados,  industrias en crisis, censura y cercenamiento a la libertad de  expresión, son sólo algunas de las calamidades que el nuevo Gobierno ha  provocado en apenas 120 días. Esta verdadera tragedia se convierte en  comedia cuando los rostros de quienes se quieren presentar ante los  argentinos como cruzados contra la corrupción, son los mismos que  durante los ’80 y los ’90 formaron parte de la “Patria Contratista” y su  apellido estuvo indisolublemente ligado a escándalos y negociados con  el Estado, ubicación de gerentes y directivos de sus empresas en puestos  claves del Gobierno, pasando por el contrabando de autos con sociedades  off shore absueltos por la “mayoría automática”, causal de Juicio  Político a miembros de la Corte Suprema, o la estatización de la deuda  de sus empresas; entre otros hechos de corrupción. No debería entonces  llamarnos la atención que hoy ilustren la primera plana de todos los  medios de comunicación internacionales, junto a otros dirigentes y  mandatarios, algunos de los cuales ya renunciaron, con cuentas y  sociedades en paraísos fiscales que les fueran descubiertas y de las que  nunca le contaron a los argentinos. El Consorcio Internacional de  Periodistas de Investigación presenta el caso “Panamá Papers” en su  página web bajo el título de: “Gigante fuga de registros financieros off  shore expone la matriz mundial de la delincuencia y corrupción”  (el subrayado me pertenece). Un escándalo global sin precedentes que  trata de ser ocultado, sin conseguirlo, con el remanido recurso de  denuncias y despliegue de mediáticas acciones judiciales.
Es  que el que el Plan de Ajuste y Miseria vuelve a requerir una vez más,  de la difamación y la calumnia para su implementación, bajo el mismo  pretexto de que los dirigentes que defendieron y defienden los intereses  populares y nacionales son corruptos sin remedio. Esta metodología no  sólo es claramente visible en nuestro país, sino que se replica a escala  regional como una matriz diseñada por expertos de otras latitudes.
La  causa en la que aquí presto declaración y otras que se agigantan por  los medios de comunicación concentrados, son un ejemplo lamentable de lo  que vengo diciendo, a punto tal que a los propios medios extranjeros,  que denunciaron a escala global el escándalo de “Panamá Papers”, les  llama la atención el tratamiento que recibe el Presidente Mauricio  Macri, implicado en el caso, y lo compara con el tratamiento que hubiera  recibido quien suscribe, de haber sido la involucrada. Sostiene el  diario alemán “Süddeutsche Zeitung” –periódico que dió a conocer a nivel  global el “Panamá Papers”- que de haber sido la Presidenta Cristina  Fernández de Kirchner la involucrada, todos le hubieran pedido la  renuncia en forma inmediata  (www.sueddeutsche.de/politik/panama-...).

III.
Manifiesta.

1)  Luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar,  entiendo y confirmo claramente que sólo a través de un ejercicio  abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante.
En  primer lugar, cabe señalar como algo absolutamente novedoso y  sorprendente en términos judiciales, que haya sido citada a prestar  declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención, y mucho menos  imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los  Legisladores oficialistas Negri y Pinedo, ni tampoco por parte del  fiscal interviniente o que surja, al menos, de la prueba recibida.
Es  más, una simple lectura de los elementos de convicción a los que el  juez hace expresa referencia en el auto de fs. 367/368, muestra que mi  convocatoria a declarar es un prevaricato de V.S. en los términos  previstos por el art. 269 del Código Penal.
Concretamente,  la resolución dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos  absolutamente falsos; así quedará acreditado en la esfera judicial  competente.
En  segundo término, tampoco se ha respetado en el caso el debido principio  acusatorio y de congruencia que debe existir entre el hecho por el que  se ha habilitado esta investigación y el que se me ha imputado.
Concretamente  se habla de la existencia de un grupo de funcionarios que, de manera  organizada, sistemática y concertada, llevamos a cabo acciones de  carácter político, técnico y administrativo con supuestos propósitos  delictivos, que no fue ni denunciado por los Legisladores oficialistas  ni requerido por el Fiscal.
Esta  hipótesis de asociación ilícita, construida capciosamente por el  magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido y  revela además la intención del Gobierno con la colaboración  imprescindible del Poder Judicial de “plantar”, a quien suscribe, una  causa penal que me prive de la libertad.
Como  ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más: no les tengo miedo.  Afrontare este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Fue  decisión explicitada públicamente no tener fueros que me hubieran  colocado en una posición de privilegio en relación a la de cualquier  otro ciudadano.  La igualdad nunca fue, para mí, un recurso retórico.
En  tercer término, y desde un plano estrictamente jurídico tal como lo han  explicado cada una de las personas imputadas que declararon en esta  causa, las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo legítimamente  por las autoridades del Banco Central de la República Argentina, de  acuerdo a la normativa vigente e inspirada en los propósitos de su Carta  Orgánica, es decir, promover, en las medidas de sus facultades y en el  marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la  estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el  desarrollo económico con equidad social (art. 3).
Hago  propios todos y cada uno de los argumentos que vertieran en este  expediente el Sr. Ex Ministro de Economía Dr. Axel Kicillof y los Sres.  ex Presidente y ex Vicepresidente del B.C.R.A. Alejandro Vanoli y Miguel  Angel Pesce, así como también los de los Directores y ex Directores de  la misma institución, que han actuado en un todo de acuerdo con lo que  prescribe la Ley 24.144, Carta Orgánica del B.C.R.A. en su Capítulo  Primero, que tiene por objeto definir la naturaleza y el objeto de la  Institución, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, como así también el resto de  las disposiciones de dicho instrumento, que como es de estricta  hermenéutica legislativa deben ser entendidos y comprendidos en el marco  de las definiciones estructurales de la norma.
Resulta  insoslayable señalar que mi administración siempre buscó desarrollar  una gestión de gobierno que protegiera el valor de la moneda, ya que su  depreciación produciría los efectos más desfavorables sobre la actividad  económica en general.
Puede afirmarse que, por lo menos en este capítulo no nos hemos equivocado y las consecuencias están a la vista.
Desde  diciembre de 2015 a la fecha la estampida imparable de los precios, la  desocupación, el aumento de la pobreza y la caída de la actividad  económica y comercial, tiene indudablemente puntos de convergencia con  los efectos de una “maxidevaluación” llevada a cabo por las autoridades  del gobierno actual de manera brutal. El Gobierno no cuida a los  argentinos. Tampoco parece preocuparse por ellos, ni por el dolor,  angustia e incertidumbre que hoy están viviendo.
En  quinto lugar, todo lo que se ha dicho en la denuncia acerca de graves  perjuicios para el Banco Central y beneficios indebidos para terceros  inescrupulosos resultaron ser simples manifestaciones electoralistas a  las que se les dio cobertura mediática mediante la sustanciación de esta  causa.
Adviértase  que a requerimiento del actual Presidente del B.C.R.A. el Juez de la  causa, en dos oportunidades manifestó que no había ninguna medida  restrictiva ordenada que impidiera el pago de los contratos que se  investigan. Cabe preguntarse entonces ¿Cómo puede ser que se impute la  comisión de un delito cuya supuesta consumación ha sido autorizada por  el mismo magistrado a cargo de esta investigación?
Por  otro lado, también se debe destacar que ninguno de los supuestos  “terceros enriquecidos ilegítimamente” por la operatoria del dólar  futuro, tan siquiera fueron individualizados ni mucho menos citados a  este proceso. No hay en este sentido actividad procesal alguna siquiera  que insinúe esa línea de investigación. Me pregunto: -¿Será tal vez que  puedan encontrarse con algún conocido que quieren mantener alejado de  esta investigación y no seguir sufriendo nuevos traspiés políticos?  Podríamos agregar como graciosa paradoja de estos “paladines de la  moral” que el actual Presidente del B.C.R.A. tiene procesamiento firme  por delitos económicos con motivo, nada más ni nada menos, que en la  “operación” de endeudamiento conocida como “Megacanje”. Huelgan los  comentarios.
Por  si todo ello fuera poco, en los últimos días, hechos que son de dominio  público muestran como los principios morales que tanto se predican  resultan ser sólo un mero ejercicio distractivo y justificativo del  ajuste, que ha quedado sepultado en el escándalo internacional de un  Gobierno cuyo Presidente, sus familiares más directos y sus funcionarios  más allegados quedan al descubierto como titulares de sociedades y  cuentas off shore, que en otras latitudes ya han provocado renuncias  hasta de Primeros Ministros. En suma, se trata de un conjunto de  personas que, según los parámetros que V.S. ha elegido para imputarme en  esta causa, merecerían ser también investigados a la luz del supuesto  delito de asociación ilícita.
Además,  y como lo han indicado el Presidente y los miembros del Directorio del  BCRA en sus declaraciones obrantes en autos, la operación de venta de  futuro de dólares no produjo en el Banco Central, tal como lo reflejan  sus balances, pérdida alguna y sólo puede hablarse de efectos  disvaliosos a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las  actuales autoridades al devaluar y que fueran convalidadas por el Juez  de la causa.
En  definitiva, la imputación sub litis resulta absurda tanto en términos  facticos como jurídicos e ingresa en el terreno de lo ridículo. Así lo  evidencian las preguntas “inquisidoras” que V.S. le ha formulado a  alguno de los imputados, con la intención de tornar justiciables hechos  de contenido estrictamente político -terreno en el que el juez se movió  con muy poco éxito en sus cargos anteriores-, demostrando también el  mismo grado de incompetencia que registra en este tipo de materias  técnicas.
La  fuerza de los hechos es contundente. Primero dieron inicio a esta causa  mediante una falsa denuncia que el Juez rápidamente instruyó. Dos días  antes de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, llevaron a cabo  un allanamiento en el B.C.R.A. con el propósito de originar una corrida  bancaria para forzar la devaluación y no lo lograron.
Después  de los resultados electorales, en contra de lo que públicamente siempre  sostuvieron, presionaron con esta causa, y de otras maneras, para  obtener la renuncia del Presidente del B.C.R.A., borrando con el codo la  independencia que debe tener el B.C.R.A. sobre la que escribieran y  dijeran en múltiples conferencias y sets de televisión.
Una  vez designadas las nuevas autoridades del ente rector, llevaron a cabo  una devaluación de la moneda que, como se vió, produjo efectos  devastadores sobre la economía.
Por  último y nuevamente con la complicidad judicial, avanzaron con esta  causa imputando falsamente a personas inocentes la comisión de delitos,  los cuales de haber existido, resultarían exclusiva responsabilidad de  las actuales autoridades.
En  síntesis: ellos denunciaron, intentaron con una “corrida judicial” una  devaluación, forzaron la salida del Presidente del B.C.R.A., devaluaron y  ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la  opinión pública como culpables de los efectos de las medidas y  decisiones que ellos adoptaron.
Finalmente  el Gobierno de las excusas -como todo en la vida- tiene un límite: la  responsabilidad de los propios actos y el juicio inevitable de la  historia.

IV.-
Petitorio.

Por todo lo expuesto, a V.S. digo:
1) Se tenga por efectuada la presente manifestación a los efectos que corresponda.
SERÁ JUSTICIA.