Opinión: Situación fiscal y conflicto social y político

 ¿Quién financia el Estado? ¿Para qué proyecto y en beneficio de quién?

fuente: Alberto Nadra

Una reflexion de Julio Gambina, presidente de la Fundaciòn de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP).

El centro de la atención sobre la cuestión económica se concentró en la semana en torno al conflicto bonaerense por la decisión del gobernador Daniel Scioli de pago escalonado del medio aguinaldo a los trabajadores estatales, nada menos que 550.000 personas.

No solo apareció el enfrentamiento político con el ejecutivo nacional, sino que la Justicia ordenó el pago inmediato, agravado con la decisión de pagar, ya materializada por parte del poder judicial y legislativo provincial, este último liderado (nada menos) por el vice gobernador de Buenos Aires.

Es evidente el debate político, que bien puede calificar como una crisis en el marco del mismo proyecto, pero devela también dificultades muy concretas con relación a la situación fiscal de las provincias argentinas. 

Santa Fe

Hace poco fue noticia el gobernador santafesino, el socialista Antonio Bonfatti, cuando afirmó a fines de Junio pasado que “Estamos rascando la olla porque la Nación no nos paga lo que nos debe”.

Fueron declaraciones en momentos en que se discutía una reforma tributaria, que ahora tiene media sanción con la aprobación del Senado de la Provincia del litoral.

Las expectativas del gobierno provincial eran de recaudar luego de la reforma impositiva, principalmente concentrada en el inmobiliario rural y urbano, unos 1.800 millones de pesos, cifra similar que reclaman a la Nación de deuda de estos últimos años.

Con la corrección realizada por los legisladores que responden al gobierno nacional y por ende son oposición al gobierno socialista, se estima una recaudación extra de unos 800 millones de pesos, algo menos de lo previsto pero a tono con las necesidades inmediatas para hacer frente, especialmente al tema sueldos de los estatales provinciales.

Es para pensar como intervienen las distintas lógicas políticas, puesto que en Buenos Aires, la discusión se da en el marco de la misma identidad partidaria: el PJ y el Frente para la Victoria; mientras que en Santa Fe, un gobierno opositor al proyecto nacional, recibe más comprensión de sus opositores, a la sazón, oficialistas del proyecto nacional.

Pese a ser oposición, el peronismo santafesino otorgó el mecanismo legal para incrementar la recaudación tributaria a un gobernador opositor en el marco nacional.

Córdoba

La provincia de Córdoba salió a buscar deuda por 50 millones de dólares para obra pública, especialmente en autopistas, y terminó la semana pasada aceptando ofertas por 105,5 millones de dólares, a un año de plazo y a una tasa de interés del 9,5%.

De ese modo, optimizó la situación fiscal ante una menor expectativa de crecimiento de la recaudación tributaria para el 2012, lo que permitirá al gobierno provincial hacer frente a los pagos de sueldos y aguinaldos de los estatales.

El camino del endeudamiento “se suma a las emisiones que realizaron la provincia Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo y diciembre pasado”.

La operación cordobesa es festejada por la obtención de una tasa de un dígito, muy elevada en el marco de la situación mundial, que afecta y condiciona seriamente el presupuesto de la Provincia.

La operación de crédito asegura cancelaciones en pesos a los acreedores (inversores), actualizados según la variación del dólar. Es una forma de estimular colocaciones financieras en pesos ante las restricciones a la compra de divisas.

A veces no se sabe a ciencia cierta si se pretende eliminar la especulación financiera, o si el propio oficialismo (provincial en este caso) estimula mecanismos de especulación financiera, tal como difunde la propaganda del gobernador peronista cordobés, José Manuel De la Sota.

Estado, empleo público e impuestos

Los tres estados provinciales más grandes, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, cada uno a su manera y con relatos diferenciados, expresan las dificultades para el financiamiento de su aparato estatal, especialmente en materia de salario.

Las tres provincias tienen la menor relación de empleados públicos con relación a la totalidad de población en las Provincias argentinas. Son distritos donde la proporción de empleo público es menor a la de otros donde el empleo público es el mecanismo que evita mayores tasas de desempleo.

En todas las provincias, y en el Estado nacional se verifica un crecimiento del empleo en la última década, donde un tercio de esa expansión se realizó con diferentes grados de precariedad laboral.

La realidad es que las provincias soportan una institucionalidad regresiva derivada de la descentralización de servicios y personal ocurrida en lo 90´sin que se aseguraran los recursos suficientes.

No solo viene demorada la discusión sobre la coparticipación federal, exigida por la reforma constitucional de 1994, que exigía un nuevo régimen hacia 1996. Ya son 16 años de mora en un debate sustancial que supone debatir el modelo de desarrollo en el país y donde concentrar los recursos tributarios.

Más aún, significa discutir el perfil impositivo del país, que confirma un 30% de recaudación en el regresivo IVA, y donde la innovación recaudadora proviene de las retenciones al comercio exterior, animado por una continua alza de los precios internacionales de exportación, especialmente de la soja, la que ocupa el 50% de la acrecentada cosecha agraria.

Las retenciones explican unos 8.500 millones de dólares de ingresos anuales, de los cuales se coparticipan para obra pública en los municipios un 30%. La cifra expresa un poco más del 30% de lo recaudado por el IVA.

Muchas provincias lanzaron procesos de aumentos de tasas en sus tributos, y algunos procesos de reforma tributaria, especialmente en el inmobiliario rural y urbano, los ingresos brutos y sellos, principales fuentes de recaudación impositiva.

El tema se asocia a la disminución de la recaudación por un menor nivel de actividad económica y una proporción menor en la rendición de la coparticipación federal de impuestos. Adicionalmente, en varias provincias se habilitaron moratorias impositivas que apuntan a mejorar la recaudación, previendo problemas fiscales, especialmente el compromiso mensual en salarios.

Adicionemos que poco y nada se habla de la evasión fiscal, ni en el ámbito nacional ni en las provincias.

Son todas razones que imponen la discusión sobre el régimen tributario, sus beneficiarios y perjudicados; el régimen de coparticipación, tanto como los condicionantes estructurales derivados de la reforma reaccionaria del Estado en los años 90´, y que subsisten sin que se incluyan en ninguna agenda de discusión.

Convengamos que no solo se trata de gestar una discusión sobre el régimen impositivo, sino que se trata de discutir el propio Estado, nacional, provincial o municipal.

En definitiva: ¿Quién financia el Estado? ¿Para qué proyecto y en beneficio de quién?