Gustavo Triana Suarez, Secretario general del Polo, Bogotá, septiembre 4 de 2013
Las dos más grandes movilizaciones de resistencia del sector agropecuario en las últimas décadas son el paro de cultivadores y jornaleros de café y cacao iniciado en febrerode 2013 -que duró doce días, movilizó a 120 mil campesinos y abarcó a 13 de los 32 departamentos del país- y el Paro Nacional Agrario, que empezó el 19 de agosto y aún se mantiene, contando con la participación en algunos momentos de más de 300 mil protestantes y coincidente con camioneros y mineros. Ambas han puesto al descubierto la destrucción del débil aparto productivo nacional como secuela de la funesta aplicación de las políticas imperialistas neoliberales y de libre comercio.
Desde 1990, al final del gobierno de Virgilio Barco y pasando por los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos, se ha impuesto a rajatabla todo el recetario neoliberal y aperturista del Consenso de Washington. Estados Unidos obligó al país a desproteger por completo el mercado interno, a levantar las barreras arancelarias, a eliminar las solicitudes previas de importación, anuló al Banco de la República en el control de la tasa de cambio y demás manejos de la moneda e impuso los leoninos tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, con la Unión Europea y ahora con la denominada Alianza Pacífico, entre muchos otros. Resulta cada vez más dañina la carga de la actividad extractiva de carbón, níquel, oro, esmeraldas, petróleo y gas, con dadivosas ventajas a las multinacionales gringas y europeas y con la grave consecuencia de la enfermedad holandesa, provocada por esa inversión extranjera que revaloriza el peso, abarata las importaciones de todo tipo y arruina a los escasos exportadores de la industria y el agro nacionales.
Las consecuencias no pueden ser más funestas. Pasamos de importar 700 mil toneladas de alimentos en 1990 a 10 millones en 2012. En reciente debate, el senador Jorge Enrique Robledo denunció que pasamos de importar cien kilos por habitante de productos agropecuarios en 1994 a 231 en 2011, todo en detrimento de los productores nacionales grandes y pequeños. La superficie de cultivos transitorios descendió de 2 millones de hectáreas en 1993 a menos de 1.5 en 2011 y hoy gran parte de los más de 20 millones de hectáreas de tierras aptas para el cultivo,se dedican a ganadería extensiva, como también a plantaciones de palma africana, caucho, flores y caña para azúcar y etanol mientras perdemos la soberanía alimentaria. La economía campesina, ya agonizante por la apertura económica de los años 90, ve venir su liquidación total con las importaciones en curso de lácteos, carnes de cerdo, pollo y res, arroz, jarabe de maíz, grasas, legumbres y verduras, con la implementación de los TLC con Estados Unidos, Europa y la Alianza Pacifico.Razones suficientes para que los campesinos organizaran las contundentes manifestaciones que hoy sacuden a Colombia y elevaran su comprensión sobre la soberanía económica y la defensa del mercado interno.
La situación del resto de la economía no es menos grave, la participación de la industria en el Producto Interno Bruto disminuyó del 21.1% en 1991 al 12% en 2012. La balanza de pagos del país se tornó negativa y la deuda externa superó los 83 mil millones de dólares. Por la negación de derechos y obligaciones sociales el aparato estatal se achicó; los servicios públicos domiciliarios se privatizaron en manos de monopolios extranjeros; la salud y la educación se convirtieron en mercancías a las que solo acceden los ciudadanos que pueden pagarlas y la mano de obra fue abaratada hasta la pauperización como condición sine qua non para los inversionistas extranjeros y las privatizaciones. No menos desastroso se vislumbra el panorama laboral: desempleo del 11%, informalidad laboral del 60%, de las más altas del continente junto con Bolivia y México, de los salarios más baratos de América Latina y una tasa de sindicalización del 4% de la población económicamente activa, efectos todos devastadores de la pérdida de soberanía. La recolonización imperialista, en suma, está destruyendo el modesto aparato productivo construido durante más de un siglo y lanzando al atraso a la nación entera.
La resistencia ha ido en aumento. Productores, campesinos y jornaleros se han levantado en manifestaciones cada vez más grandes y combativas. Van en aumento las huelgas y protestas obreras en defensa de los recursos naturales, contra los abusos de las multinacionales y contra la tercerización laboral y por estabilidad en el empleo. Las luchas cívicas contra los megaproyectos mineros han movilizado hasta a cien mil personas en una sola ciudad, como es el caso de Bucaramanga para defender la cuenca hídrica de su acueducto ante las pretensiones de la minera Grey Star de Canadá. Y los estudiantes universitarios organizados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, detuvieron la regresiva reforma de las universidades intentada por Santos.
Son cada vez mayores los apoyos a las luchas populares provenientes de obispos, sacerdotes, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y empresarios de los niveles regionales. Mientras tanto, en lo nacional se hacen escuchar dirigentes gremiales, gentes del arte y la cultura, académicos, deportistas, columnistas, y la comprometida bancada parlamentaria del Polo Democrático Alternativo con el senador Jorge Enrique Robledo y con su candidata presidencial, Clara López, a la cabeza, acompañando todos los pleitos de las masas y los sectores sociales afectados por las políticas del presidente Juan Manuel Santos. Es el único partido con presencia en el parlamento que no apoya a un gobierno que se caracteriza por favorecer los intereses de los inversionistas extranjeros, apoyar incondicionalmente la política exterior norteamericana y que actúa con autoritarismo contra las protestas ciudadanas. Durante el desarrollo de este Paro agrario, minero, de camioneros y trabajadores de la salud abundaron los abusos y excesos de fuerza de la policía contra los manifestantes e incluso infiltró las marchas para cometer actos de vandalismo y desprestigiar la lucha, como lo prueban serias denuncias que circulan por las redes sociales.
Los multitudinarios levantamientos de poblaciones enteras, ayudarán a que termine concretándose el más amplio frente de los afectados por las políticas imperialistas. Solo un frente así será capaz de recobrar la soberanía y establecer en Colombia un gobierno nacional y democrático.
Desde 1990, al final del gobierno de Virgilio Barco y pasando por los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos, se ha impuesto a rajatabla todo el recetario neoliberal y aperturista del Consenso de Washington. Estados Unidos obligó al país a desproteger por completo el mercado interno, a levantar las barreras arancelarias, a eliminar las solicitudes previas de importación, anuló al Banco de la República en el control de la tasa de cambio y demás manejos de la moneda e impuso los leoninos tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, con la Unión Europea y ahora con la denominada Alianza Pacífico, entre muchos otros. Resulta cada vez más dañina la carga de la actividad extractiva de carbón, níquel, oro, esmeraldas, petróleo y gas, con dadivosas ventajas a las multinacionales gringas y europeas y con la grave consecuencia de la enfermedad holandesa, provocada por esa inversión extranjera que revaloriza el peso, abarata las importaciones de todo tipo y arruina a los escasos exportadores de la industria y el agro nacionales.
Las consecuencias no pueden ser más funestas. Pasamos de importar 700 mil toneladas de alimentos en 1990 a 10 millones en 2012. En reciente debate, el senador Jorge Enrique Robledo denunció que pasamos de importar cien kilos por habitante de productos agropecuarios en 1994 a 231 en 2011, todo en detrimento de los productores nacionales grandes y pequeños. La superficie de cultivos transitorios descendió de 2 millones de hectáreas en 1993 a menos de 1.5 en 2011 y hoy gran parte de los más de 20 millones de hectáreas de tierras aptas para el cultivo,se dedican a ganadería extensiva, como también a plantaciones de palma africana, caucho, flores y caña para azúcar y etanol mientras perdemos la soberanía alimentaria. La economía campesina, ya agonizante por la apertura económica de los años 90, ve venir su liquidación total con las importaciones en curso de lácteos, carnes de cerdo, pollo y res, arroz, jarabe de maíz, grasas, legumbres y verduras, con la implementación de los TLC con Estados Unidos, Europa y la Alianza Pacifico.Razones suficientes para que los campesinos organizaran las contundentes manifestaciones que hoy sacuden a Colombia y elevaran su comprensión sobre la soberanía económica y la defensa del mercado interno.
La situación del resto de la economía no es menos grave, la participación de la industria en el Producto Interno Bruto disminuyó del 21.1% en 1991 al 12% en 2012. La balanza de pagos del país se tornó negativa y la deuda externa superó los 83 mil millones de dólares. Por la negación de derechos y obligaciones sociales el aparato estatal se achicó; los servicios públicos domiciliarios se privatizaron en manos de monopolios extranjeros; la salud y la educación se convirtieron en mercancías a las que solo acceden los ciudadanos que pueden pagarlas y la mano de obra fue abaratada hasta la pauperización como condición sine qua non para los inversionistas extranjeros y las privatizaciones. No menos desastroso se vislumbra el panorama laboral: desempleo del 11%, informalidad laboral del 60%, de las más altas del continente junto con Bolivia y México, de los salarios más baratos de América Latina y una tasa de sindicalización del 4% de la población económicamente activa, efectos todos devastadores de la pérdida de soberanía. La recolonización imperialista, en suma, está destruyendo el modesto aparato productivo construido durante más de un siglo y lanzando al atraso a la nación entera.
La resistencia ha ido en aumento. Productores, campesinos y jornaleros se han levantado en manifestaciones cada vez más grandes y combativas. Van en aumento las huelgas y protestas obreras en defensa de los recursos naturales, contra los abusos de las multinacionales y contra la tercerización laboral y por estabilidad en el empleo. Las luchas cívicas contra los megaproyectos mineros han movilizado hasta a cien mil personas en una sola ciudad, como es el caso de Bucaramanga para defender la cuenca hídrica de su acueducto ante las pretensiones de la minera Grey Star de Canadá. Y los estudiantes universitarios organizados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, detuvieron la regresiva reforma de las universidades intentada por Santos.
Son cada vez mayores los apoyos a las luchas populares provenientes de obispos, sacerdotes, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y empresarios de los niveles regionales. Mientras tanto, en lo nacional se hacen escuchar dirigentes gremiales, gentes del arte y la cultura, académicos, deportistas, columnistas, y la comprometida bancada parlamentaria del Polo Democrático Alternativo con el senador Jorge Enrique Robledo y con su candidata presidencial, Clara López, a la cabeza, acompañando todos los pleitos de las masas y los sectores sociales afectados por las políticas del presidente Juan Manuel Santos. Es el único partido con presencia en el parlamento que no apoya a un gobierno que se caracteriza por favorecer los intereses de los inversionistas extranjeros, apoyar incondicionalmente la política exterior norteamericana y que actúa con autoritarismo contra las protestas ciudadanas. Durante el desarrollo de este Paro agrario, minero, de camioneros y trabajadores de la salud abundaron los abusos y excesos de fuerza de la policía contra los manifestantes e incluso infiltró las marchas para cometer actos de vandalismo y desprestigiar la lucha, como lo prueban serias denuncias que circulan por las redes sociales.
Los multitudinarios levantamientos de poblaciones enteras, ayudarán a que termine concretándose el más amplio frente de los afectados por las políticas imperialistas. Solo un frente así será capaz de recobrar la soberanía y establecer en Colombia un gobierno nacional y democrático.
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