La educación en el nivel secundario
y los lineamientos nacionales para su transformación.
Desde hace varias décadas, leemos y escuchamos a distintos especialistas opinar sobre la crisis de la educación en general y, en particular, la de la escuela pública en el nivel secundario.
El nivel ha incrementado su matrícula durante ese período, sin embargo no logra retener a todos los estudiantes que ingresan. Los datos disponibles indican que, sólo en el 3er año del polimodal, los índices de abandono interanual promedio registran un 28,35 % en todo el país y el 13,11% en 9° grado de la EGB 3 mientras que en la Ciudad de Buenos Aires -que siguió manteniendo la primaria de siete grados y la secundaria de cinco- estos índices son del 21,89 en quinto año y 12,73 en séptimo grado
[1], por supuesto con marcadas diferencias entre provincias y entre los distintos barrios en la Ciudad.
¿A qué se debe o mejor cuáles son las causales de esta crisis? Mucho tuvieron que ver los más de treinta años de imposición de una política neoliberal que ha incidido en la pobreza y la marginación, material y simbólica, de amplias franjas de la población. Las consecuencias económico-sociales de fuerte impacto derivadas de dichas políticas han sido determinantes. Enfoques pedagógico-institucionales que resultaron de la implementación de dichas políticas junto al perfil con el que surgió la educación media y que en el devenir histórico terminó chocando con las necesidades educativas del país, han contribuido también a la crisis de la escuela secundaria.
Características generales de la educación media
Recordemos, en principio, que la escuela secundaria no estaba destinada a todos los jóvenes. Surgió con un mandato elitista: Sólo concurrían aquellos pertenecientes a los sectores altos y medio-altos de la población que iban a continuar sus estudios en la universidad.
La toma de conciencia desarrollada a lo largo de esos mismos años sobre el derecho a la educación de todos los chicos y jóvenes, independientemente del sector social al que perteneciesen, los avances en los conocimientos científicos y tecnológicos, las necesidades educativas surgidas del desarrollo industrial y la exigencia de que tales conocimientos sean liberados del pequeño sector que los había concentrado durante siglos para ser distribuidos entre toda la población, han ido transformado el escenario de la disputa. A partir de las luchas por la vigencia de este derecho, se ha logrado su concreción en normas. Fruto de ellas fue que, en el año 1993, la recientemente derogada Ley Federal de Educación extendió la obligatoriedad de siete a diez años: la sala de cinco del nivel inicial y dos años más después de los siete de primaria que, en la mayoría de las Provincias, pasaron a formar parte de los 8° y 9° año de la Escuela General Básica (EGB), mientras que el nivel secundario se redujo de cinco a tres años en un nivel Polimodal. Si bien se aceptó la ampliación a diez años de la obligatoriedad, amplios sectores de la población rechazaron esta estructura ya que consideraron que de esta forma se primarizaba la educación secundaria, se vaciaba de contenidos y se disminuía su calidad. A lo largo de más de quince años de implementación de esta ley, lamentablemente las críticas se verificaron en la práctica con el deterioro de la calidad de la educación en todos los niveles pero, sobre todo, en el secundario.
En el año 2006, con la sanción de la Ley 26.206, de Educación Nacional, se derogó la Ley Federal, se modificó la estructura que, por decisión de cada jurisdicción, pasaría a tener un nivel primario obligatorio, que sería de seis o siete años y un secundario también obligatorio de cinco o seis años - dependiendo de la estructura que, con la derogada ley, había adoptado cada una de ellas- con lo que la obligatoriedad, sumando la sala de cinco años del nivel inicial, pasó de diez a trece años.
Acordes al paradigma elitista que las regía, las escuelas secundarias no tenían suficientes vacantes para que todos los chicos pudieran ingresar a ellas. Se tomaba examen de ingreso para seleccionar quiénes entraban y quiénes no. Se organizaba un orden de mérito por puntaje. Entraban los más altos hasta cubrir el número de vacantes disponibles.
Los fundamentos esgrimidos para legitimizar el examen de ingreso consistían en sostener que el secundario era una elección, no una obligación por lo que sólo debía ingresar el que estaba bien preparado para aprobar el examen que se lo permitiría y, además, que una vez dentro se esforzaba lo suficiente para promocionar año a año todas las materias. Este argumento totalmente naturalizado y en general compartido, omitía decir que la educación secundaria estaba prevista para un pequeño sector de la sociedad, el que provenía de hogares que brindan una alta estimulación cultural y, además, podían pagar al docente o academia que preparaba a los chicos de estos sectores para ingresar y luego para aprobar cada una de las materias que se llevan cada año a examen.
Para este enfoque, permanecer en ella es concebido como un premio, no como una obligación. Si en determinadas escuelas un estudiante no se dedica lo suficiente, en el imaginario está instalado que debe irse a otra menos exigente. El que logra adaptarse, el que va aprobando materias, es para esa escuela. El que no, el que repite por ejemplo, debe buscarse otra.
Los cambios requeridos
Un secundario obligatorio exige un trabajo no sólo de matriculación de toda la población de la edad correspondiente, sino además, su retención y acompañamiento académico hasta que el estudiante finalice su trayectoria en el nivel. Matriculando a todos los chicos en edad del cursar el secundario y reteniéndolos, la población escolar aumentará considerablemente más aún si consideramos la recientemente aprobada asignación universal por hijo que exige como contraprestación la exigencia a los padres de enviar a sus hijos a la escuela en los niveles obligatorios para su edad. Datos recientes indican que este año la demanda se incrementará en 580.000 chicos de 5 a 17 años. “Donde hay más concentración de población y de pobres habrá más chicos para proteger el derecho a la educación” dijo el jefe del gabinete del Ministerio de Educación, Jaime Perczyk
[2]. Este sólo cambio conduce a que se modifiquen forzosamente tanto las decisiones de política educativa relativas a infraestructura escolar y financiamiento como las normas, los valores y las actitudes en el interior mismo de la escuela.
Eliminado el obstáculo del examen de ingreso a la escuela secundaria, aún permanecen instalados en ella valores y actitudes propios del paradigma anterior. Éste sigue presionando fuerte en las escuelas ya que los docentes que enseñan en ellas han sido formados en el marco de este paradigma excluyente que concibe la escuela secundaria como aquella en la que se puede permanecer sólo si hay esfuerzo y dedicación. Si no, deberían ser excluidos de la misma.
Sigue estando naturalizada la fragmentación entre escuelas para los “mejores”, para los que promocionan las materias y escuelas para los “repetidores”, para los que no. Con el agravante de que esta división suele coincidir con el sector social al que pertenecen los chicos. Los más adaptados al ritmo escolar de determinadas escuelas suelen ser los chicos provenientes de sectores medios y medios altos, con la suficiente estimulación cultural en sus hogares como para poder transitar sin demasiadas dificultades por la escuela. Los “repetidores”, los que transitan en nivel con sobre edad, los que abandonan suelen ser, en cambio, los que no disponen del capital cultural – y económico- de sus pares “exitosos” El ministro de educación nacional, Alberto Sileoni, afirmó que el obstáculo para concretar una educación más inclusiva “aunque suene anacrónico, es un problema de clase”
[3].
El paradigma que sustenta la obligatoriedad de la escuela secundaria, es inclusivo. Todos los chicos deben cursarla. Habrá que actuar como en el pasado se lo hizo con la escuela primaria.. Habrá que fundamentar el porqué deben hacerlo. Habrá que motivarlos, habrá que lograr que se convenzan sobre la necesidad de cursarla. Habrá que acompañarlos, ayudarlos, apoyarlos, estimularlos. Habrá que buscar estrategias que incluyan a todos los chicos en los aprendizajes.
Para el paradigma excluyente la escuela secundaria es de los chicos que quieren ir. Para el paradigma inclusivo la escuela secundaria es de todos. Este cambio en los valores traerá aparejado un cambios en las actitudes hacia los estudiantes: de la sanción al apoyo, de la búsqueda del error para castigar, a la búsqueda del error para ayudar a superar, de la competencia a la cooperación, del individualismo a la solidaridad.
Entre los profesores este cambio consistirá en que deberán pasar del trabajo individual al trabajo colectivo, de la soledad del aula a la reflexión conjunta, de evaluar para castigar a evaluar para mejorar el aprendizaje y la enseñanza.
En definitiva lo que se debe buscar es que todos aprendan. Que todos lo hagan exige de una buena enseñanza. De ninguna manera se trata de bajar la exigencia como algunos creen. Habrá que buscar las maneras, las formas, las actividades, la cooperación, el asesoramiento necesarios para que todos los chicos aprendan . Y tal tarea no es una tarea fácil, exige de los adultos dedicación y propuestas innovadoras.
La propuesta de Nación para el nivel medio
Un estado que pretende que todos sus habitantes gocen de todos los derechos establecidos en su Constitución, que no haya excluidos del sistema sino por el contrario declara que busca la inclusión social de todos los ciudadanos, indefectiblemente debe apelar a la educación.
En el ámbito nacional, la ley de Educación aprobada en 2006, además de definir la obligatoriedad de la escuela secundaria, recomendó al Consejo Federal de Educación (CFE) – organismo que a través de los ministros representantes de las veinticuatro jurisdicciones decide sobre las políticas educativas en todo el país- que fijara las medidas necesarias para garantizar en todo el país la obligatoriedad de trece años establecida y en relación al nivel secundario, que dispusiese lo necesario para, entre otras, centralizar su estructura curricular, fijar el acompañamiento académico de los estudiantes en su trayectoria escolar y lograr que los profesores concentren horas de cátedra o cargos.
Como se dijo más arriba, la obligatoriedad requiere de decisiones políticas relacionadas, entre otras, con la normativa, los modos de enseñanza, los diseños curriculares y la infraestructura escolar
Luego de casi tres años de relevamientos y consultas, el pasado octubre, por Resolución 84/09, el CFE aprobó un documento con lineamientos políticos y estratégicos para una educación secundaria obligatoria en todo el país y estableció un plazo de tres años para su cumplimiento. En educación son conocidas las contradicciones que suelen producirse entre decisiones de política educativa que se toman en un momento histórico con determinada orientación - la inclusión de todos los estudiantes en el sistema, pongamos por caso- y las normas y reglamentaciones que fueron construidas en un momento histórico anterior respondiendo a otras, como la exclusión del que no avanza. Las nuevas decisiones suelen ser contradictorias con las normas ya instituidas. Siguiendo con el ejemplo anterior, si se debe incluir a todos los estudiantes porque la educación es obligatoria, es contradictorio y atentatorio con dicha obligatoriedad que se deje libre a un estudiante – es decir que se lo saque de la escuela- , por faltas o por otras razones Sin embargo antiguos reglamentos escolares así lo establecen. La Resolución 84 fija un plazo de dos años para que en las distintas jurisdicciones se revisen normas y prácticas de este tipo. Establece además distintas modalidades:
- Educación Secundaria Orientada (en Ciencias Sociales/Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Naturales, Economía y Administración, Lenguas, Arte, Agraria/Agro y Ambiente, Turismo, Comunicación, Informática y Educación Física)
- Educación Secundaria modalidad Técnico Profesional
- Educación Secundaria modalidad Artística y
- Educación Secundaria modalidad Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.
El documento anexo a la Resolución 84, caracteriza la educación secundaria, establece las garantías para cumplimentar con las finalidades nombradas en ella, fija el gobierno, la organización y la estructura del nivel y da pautas para la organización institucional y pedagógica para la misma. Señala que los jóvenes y adolescentes del nivel son sujetos de derecho a la educación. Considera que es necesario recuperar su centralidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje y tener bien claro que en la institución los estudiantes son los destinatarios y son protagonistas. Propone recuperar la centralidad del conocimiento como eje sustancial de la acción política. Sostiene que la vinculación de los jóvenes con los conocimientos debe darse en un clima de confianza y exigencia de manera que éstos puedan asumir la responsabilidad y el esfuerzo propios del aprendizaje. Plantea la necesidad de incluir entre sus lineamientos curriculares valores como la solidaridad, la aceptación de las diferencias y el respeto mutuo, que algunos de sus espacios formativos tengan una duración cuatrimestral y que los estudiantes tengan la posibilidad de realizar recorridos con formatos diversos (talleres, ateneos, proyectos, etc.), así como extender los ámbitos de aprendizaje más allá de la escuela en Centros de Actividades Juveniles, artísticas, de la educación física, deportiva, recreación, vida en la naturaleza, actividad solidaria, etc.
Concibe a la evaluación como un proceso que debe dar cuenta de los aprendizajes alcanzados, así como de la calidad de la enseñanza y sus efectos. Sostiene que, en el marco de una política inclusiva, la enseñanza debe ser exigente ya que lo contrario – bajar la exigencia- puede ser interpretado por los adolescentes y jóvenes como no pensar en ellos, como desconocerlos en sus propias posibilidades.
En relación a la organización institucional y pedagógica, reconoce el documento que ésta deberá modificarse, adecuándola, estableciendo espacios y tiempos para desarrollar las nuevas funciones que la transformación requiere, buscando formas de agrupamiento de los estudiantes, modificando el modelo pedagógico selectivo en función de la obligatoriedad. Sostiene que los nuevos modos de acceder, acumular y valorar el conocimiento desafían a la escuela en sus modalidades de transmisión y en sus mandatos elitistas, a los que habrá que revisar.
Da a conocer estrategias para acompañar y fortalecer las trayectorias escolares de los jóvenes y adolescentes, entre otras:
-función tutorial
- acompañamiento en el ingreso y la primera etapa del ciclo básico
- formatos específicos para estudiantes con sobre edad, trabajadores, madres y padres adolescentes, poblaciones migrantes, adultos, repitentes, con discapacidades.
- clases complementarias de apoyo paralelas a la cursada para estudiantes con dificultades.
- apoyo a estudiantes egresados que adeudan materias y rezagados para que finalicen la secundaria.
- intercambio de estudiantes de diferentes contextos a través de distintas actividades, entre otras de voluntariado juvenil y proyectos educativos solidarios.
En cuanto al trabajo docente reconoce el documento que, para hacer efectiva la obligatoriedad, deberán producirse cambios que modifiquen la fragmentación del trabajo docente. Si bien considera que esta situación no será resuelta en lo inmediato, sostiene que progresivamente habrá que “avanzar hacia un puesto de trabajo con cargo con diferentes tipos de dedicación horaria que posibilite el ejercicio de la enseñanza, de otras funciones que se acuerden y la participación en el gobierno institucional”.
[4]Requisitos para garantizar los cambios propuestos por Nación
La transformación educativa en el nivel secundario que propone el Ministerio de Educación Nacional remite a un cambio profundo ya que desde una escuela para pocos, creada y organizada en el marco de un paradigma elitista, toma partido por el que concibe a la educación como un derecho y a la escuela como una institución para todos. Responde de esta forma a demandas políticas y sociales que vienen de lejos, enarboladas por aquellos que han venido luchando por la concreción de todos los derechos humanos y que, desde antiguo, han enarbolado banderas como la de garantizar una educación de calidad para todos, sin exclusiones de ninguna clase. Acciones como realizar un acompañamiento a los estudiantes para su ingreso su permanencia y su egreso son necesarias si se pretende retener al estudiante hasta que finalice el secundario. Pero habrá que trabajar fuerte para lograrlo. Crear tutorías en todas las escuelas para que lo guíen y orienten en los aspectos académicos de su trayectoria escolar, ofrecerles formatos curriculares diversos, hacer que puedan participar de talleres y proyectos y realizar actividades artísticas, científicas, humanitarias y otras fuera de la escuela, pretenden hacer de ésta un lugar atractivo no sólo para los vínculos y relaciones sociales, sino además y sobre todo, para que los estudiantes se apropien de todos aquellos conocimientos que la escuela debe distribuir y que el joven necesita para comprender el mundo que lo rodea y para insertarse en la sociedad como un ciudadano conciente, crítico y propositivo.
En el ámbito de las políticas públicas habrá que garantizar que dicha obligatoriedad se concrete. Nuestro país es federal, por lo tanto serán las Provincias las encargadas de implementar esta reforma. Habrá que garantizar que el presupuesto educativo para el nivel sea aumentado considerablemente pues el incremento y la retención de la matrícula requerirá de más espacios -habrá que construir aulas y edificios- y de más profesores -habrá que aumentar su número y establecer nuevas funciones para ellos. Mediante un financiamiento adecuado habrá que garantizar que cada jurisdicción realice nombramientos por cargo en todas las escuelas secundarias. Sólo de esta forma se dispondrá de tiempos y espacios institucionales para.
En el ámbito institucional habrá que trabajar sobre todo en el cambio de paradigma que significa una escuela secundaria que ya no es para una élite, sino que tiene la obligación de ser para todos. Para ello, se requerirá de un trabajo colectivo de todo el equipo docente mediante el análisis y la reflexión de la propia práctica que les permitan construir las estrategias de enseñanza orientadas a lograr el aprendizaje de todos los estudiantes que concurren a la escuela. Los docentes deberán realizar estas acciones en conjunto y, en conjunto también, deberán evaluar si lograron o no sus objetivos.
Por todo lo expresado es que se hace imprescindible el nombramiento de los profesores por cargos que incluyan el antes, el durante y el después del aula. En esto consiste el trabajo docente y reconocerlo así será una exigencia ineludible si se quiere lograr una educación inclusiva y de calidad en que todos los chicos aprendan, sin exclusiones de ninguna clase.
[1] Fuente: Son datos disponibles de Relevamientos Anuales 2004 y 2005. DINIECE. MECyT.
[2] Diario La Nación, 7/3/10
[3] Diario Página 12, 6/3/10
[4] Resolución CFE N° 84/09- Anexo: Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria -Punto 5 - apartado 108: “El trabajo docente”.
El senador Jorge Enrique Robledo solicitó a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad del tratado que le permite a Estados Unidos usar de manera exclusiva siete bases colombianas. Robledo hizo la solicitud dentro del trámite de la demanda de inconstitucionalidad presentada por un grupo de ciudadanos.
El senador Jorge Enrique Robledo solicitó a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad del tratado que le permite a Estados Unidos usar de manera exclusiva siete bases colombianas. Robledo hizo la solicitud dentro del trámite de la demanda de inconstitucionalidad presentada por un grupo de ciudadanos.
