Atisbos analíticos 127, Cali, marzo 2011, Humberto Vélez Ramírez, Profesor de Univalle, Programa de Estudios políticos y Resolución de Conflictos; presidente de ECOPAIS, Fundación Estado*Comunidad*Pais, Un nuevo Estado para un nuevo País”. humbertovelezr@gmail.com
EL
CONFLICTO POLITICO ARMADO EN EL 2011:
O
NEGOCIACIÓN O UNA COSTOSA, DESTRUCTIVA
Y
PERNICIOSA GUERRA SIN FIN.
1
En
1998, publicado por la Universidad del Valle, escribimos el libro
“El Conflicto político armado en Colombia Negociación
o Guerra1,
ahora estamos enhebrando este Atisbos titulado “El Conflicto
político armado en el 2011: Negociación
o Guerra…sin Fin”.
Como decir, volvamos a la negociación, después de la re-guerra
recogiendo todos sus resultados.
2
Aunque
Uribe Vélez con reiteración contraevidente negó que en Colombia
existiese un conflicto político armado, pues por eso prohibió
pensarlo y analizarlo, sin embargo, en este Atisbos No 127 de modo
machacón nos centraremos en su examen, pero del conflicto en su
presente actual colocando el énfasis en sus posibles desenlaces. Y
en la coyuntura de este gobierno liberal posturibista de Santos, lo
examinaremos como realidad objetiva, así como en las formas
subjetivas que ha asumido en la distintas categorías sociales de
ciudadanía.
El conflicto colombiano, único
en América latina, es el conflicto sin negociar más antiguo del
mundo. Como lo ha destacado Vicenc Fiisas, en el mundo actual, 9 de
cada 10 conflictos armados, han terminado en algún momento en una
mesa de negociación. Como lo ha recomendado Fisas,
“Es
pues una obligación de todos pensar en cómo terminar con esta
guerra fratricida, bastante única en el mundo, “en la medida en
que no hay países en conflicto con el potencial humano, intelectual,
económico, político y social del que dispone Colombia”.2
3
Pero,
como en este Ensayo, un punto álgido lo constituirá el asunto de
los alcances que podrían tener las reformas asociadas a un nuevo
Modelo de una todavía incierta pero posible negociación,
arrastraré desde mi pasado intelectual dos tesis que entonces
sostuve y que creo que mantienen su pertinencia. Sobre este conflicto
político armado, que como perversa y zángana masa de garrapatas se
ha pegado a nuestro cuerpo social, escribí en octubre del 2000 en
el Atisbos Analíticos número 1,
“De
cara a las reformas estructurales que, con urgencia, el país
requiere, se han configurado, por lo menos tres posiciones. Un primer
escenario es el de una negociación sin reformas estructurales de
envergadura, excepción hecha de las necesarias para la reinserción
de las guerrillas a la sociedad de ciudadanos o al régimen político
institucional En esta posición se encuentra el grueso de la
dirigencia del establecimiento, que se dice o autoproclama partidaria
de una negociación. En el otro extremo se mueve una franja
importante de colombianos, que al idealizar las potencialidades de la
negociación político-técnica de la guerra, esperan que de ella
pueda derivarse casi una revolución social. Aún más, condicionan
la negociación a que esas reformas se viabilicen. Finalmente,
para una franja más pequeña de la Sociedad de ciudadanos, debería
aprovecharse la negociación como la más propicia coyuntura de
oportunidad para presionar un paquete de reformas fundamentales, las
que, desde décadas esta sociedad ha venido reclamando. Es decir, la
negociación del conflicto armado debería proporcionar al país un
nuevo marco de horizontes en el que los colombianos aunque ‘nos
jalemos de los cabellos pero sin matarnos’, podamos acordar un país
posible para todos.”.3
Esta
última, la tercera, será la posición que defenderemos en este
Ensayo como la más ajustada a las lógicas de una negociación
ajustada a las realidades colombianas.
La
otra tesis, complementaria, por cierto, señalaba que una
negociación no podía funcionar sobre la base de meras relaciones
de poder sino que, más bien, todos los actores del conflicto, los
directos e indirectos, de modo instrumental debían colocar su
poder, fuese
el que fuese, al servicio del rediseño de un país viable para
todos.4
Como decir, que todos perdamos “algo”, que todos cedamos un
“poquitín”, para que al resultar como gran ganadora la
sociedad nacional, finalmente, todos y todas, como miembros de ella,
terminemos ganando. Y sobre todo el Estado, que si se evidencia capaz
de liderar un entendimiento sano, finalmente saldrá re-legitimado.
Explicitamos
estas dos tesis complementarias porque, de distintos modos, ambas
funcionarán como presupuestos de esta reflexión.
4
Para
racionalizar y colectivizar, en lo organizativo, este esfuerzo
práctico investigativo sobre el presente actual del conflicto
armado, que costosa y perversamente continúa golpeándonos, algunos
universitarios nos estamos esforzando por reactivar la Red de
Universidades por la Paz, que cumplió un papel tan importante, sobre
todo en materia de producción de pensamiento estratégico, en la
coyuntura 1998-2002. Claro que a la Universidad no la vamos a forzar
y violentar exigiéndole lo que no puede dar. Sólo le pediremos que
lleve la academia investigativa a la vida política del país
reagrupando a sus estudiosos alrededor de estas seis líneas de
acción:
- Análisis del conflicto armado en su presente actual, ante todo y sobre todo, en sus dimensiones militar, política, económico-fiscal, internacional y sicosocial.
- Balance crítico de las Estrategias y Agendas asociadas a los Modelos Caguán y Seguridad democrática.
- Análisis de los posibles escenarios de evolución del conflicto armado.
- Impulso coordinado, a nivel nacional, regional y local, de acciones universitarias prácticas, orientadas a contribuir a viabilizar una nueva y muy distinta negociación del conflicto armado colombiano.
- El estudio sistemático de las que podrían ser unas nuevas Estrategia y Agenda de negociación del conflicto armado.
- Acompañamiento de los universitarios (profesores, estudiantes, empleados, trabajadores y directivas) al movimiento social por la paz cumpliendo las tareas específicas que, ajustadas a su condición de académicos, se consideren necesarias en el desarrollo de una nueva negociación
5
Ese
es el reto que nos aguarda a quienes entremos a trabajar en
REDUNIPAZ. Por ahora nos limitamos a fijarlo reorientando este
Atisbos, primero, a recoger algunas enseñanzas del pasado y segundo,
a soñar con libertad
aterrizada
en lo que podrían ser unas nuevas Estrategia y Agenda de
Negociación.
Diez
y seis años de frustrados intentos por negociar (1986-2002) y ocho
años ( 2002-2010) de una re-guerra atada a una salida militarista,
nos deberían conducir, primero, a aprender y desaprender de las
experiencias pasadas, segundo, a poner a jugar una “imaginación
negociadora”
y, tercero, a ejercitar la “prudencia”
des-mediando y des-electoralizando una posible nueva negociación. No
se trata de des-politizar un conflicto que, en contraste con el deseo
de muchos, todavía es un conflicto político, pues no obstante sus
perversas y perniciosas consecuencias y las problemáticas relaciones
que las guerrillas tienen con el narcotráfico y con el Derecho
Internacional Humanitario, continúa manteniendo como referente
privilegiado al Estado colombiano. Esto no obstante EL CICR, Comisión
Internacional de la Cruz Roja, desde Suiza, ha precisado que el mundo
no existe ninguna guerrilla política, tipo Farc, que se financie con
dineros legales. No podría ser. Todas han sido financiadas con
dineros ilegales provenientes de los mercados ilegales de
diamantes, esmeraldas, petróleo, heroína, opio, cocaína etc.
Entonces,
que de cara a un posible entendimiento, que ningún partido convierta
el debate en torno a los posibles desenlaces del conflicto armado, en
una oportunidad para acrecentar votos o para restarlos al adversario.
Por otra parte, desde el festival de las palomas de 1985 cuando
Belisario Betancourt nos puso a pintar palomas en todos los tableros
imaginarios del país, hasta la “Operación Jaque”, cuando Uribe
Vélez, con una teatralización más publicitaria que militar, en
definitiva derrotó a las Farc en la intimidad de miles y miles de
colombianos, los momentos más álgidos de las distintas versiones de
negociación han sido un asunto más de los micrófonos e imágenes
televisivas que de la racionalidad instrumental de las mesas en las
que estaban sentados los negociadores.
Es
eso lo que entendemos por “des-mediar” el conflicto: que los
negociadores, respetando el derecho de los MEDIOS a obtener y
difundir la información, se coloquen más cerca de las dinámicas de
las mesas y de los grandes nacionales que de la tenración de los
micrófonos.
Cuando
atrás hablamos de “imaginación negociadora”, buscamos resaltar
que entre las notas del perfil de un buen negociador, al lado de la
racionalidad instrumental debe destacarse su creatividad,
vale, decir
una enorme capacidad para inventar e imaginar salidas aterrizadas al
cúmulo de problemas que pululan alrededor de los conflictos
centrales. Como decir, mucha razón aterrizada y mucho aterrizaje
creativo.
6
Al
examinar las pasadas experiencias de negociación nos encontramos
con el hecho de que nunca un militar de trayectoria ha hecho parte
del equipo de negociadores.
En
nuestro concepto, esta ausencia conspira y ha conspirado, primero,
contra la naturaleza del Estado (éste, además de una organización
que le marca dirección a la sociedad, estructuralmente es un
fenómeno de fuerza, un aparato coercitivo), segundo, contra la
historia concreta de los militares en Colombia (estos, además de los
administradores institucionales de las armas legítimas del Estado,
han sido en este país un muy poderoso grupo de interés y de
presión) y, tercero, contra la fuerte identidad de los militares con
el Estado ( éstos, como representación simbólica, se sienten
instalados en su pasado, su presente y su futuro).
Pensamos,
entonces, que en Colombia ninguna negociación tendrá futuro si en
la formalización de las grandes decisiones
finales a
ellas asociadas, no participan los militares como protagonistas,
aunque subordinados al presidente de la República.
Constitucionalmente
toda decisión en torno a los posibles desenlaces del conflicto
armado, compete al presidente. Entonces, en caso de fraguar una
negociación, en representación del presidente en el equipo de
negociadores deberían estar el Alto Comisionado de la Paz y un
Militar de trayectoria con una clara definición de funciones y de
tiempos de presencia de acuerdo con las materias a negociar.
Pero, los ausentes no han sido
sólo los necesarios militares. Nos guste o nos disguste, Colombia es
un país inscrito en el marco de la dominación hegemónica mundial
de los Estados Unidos. Ahora en la época del Wikileaks, como nunca
antes se ha evidenciado que en este país, en materia política, nada
importante sucede que no haya pasado antes por la Embajada
norteamericana. Es difícil, entonces, que uno de nuestros
“independientes presidentes” tome una decisión de desenlace del
conflicto armado sin haber obtenido antes el apoyo del gobierno
norteamericano. Dejemos que, de nuevo, nos hable el español Vicenc
Fisas
“No
veo una salida al conflicto colombiano sin ese diálogo entre los
factores de poder, sin
una implicación directa de los Estados Unidos en algún estadio del
proceso, y sin abordar
de manera clara el tema del narcotráfico a lo largo del proceso
negociador, pues es el sustento económico del conflicto.” Creo que
debemos instalarnos en el optimismo en este tema, dejando a un lado
el pesimismo razonado y justificado de los últimos tiempos. Entramos
en una nueva etapa política, y hemos de pensar que ha de ser posible
llevar a cabo nuevas iniciativas de paz. Desde la insurgencia y desde
el Gobierno, sin embargo, deberán
lanzarse “señales de humo” en
esta dirección. Estaría bien, además, que desde otros países
amigos se alentara esta dinámica de gestos de paz. Estaría bien que
algunos presidentes de la región lo manifestaran de forma explícita.
También sería
bienvenida una declaración proveniente del Gobierno de Estados
Unidos y de Naciones Unidas.
“
Por
otra parte, la negociación del conflicto armado debe estar marcada
por tres notas centrales, CONFIDENCIALIDAD, DIGNIDAD Y CONFIANZA. Son
tres requisitos indispensables. Cuando alguno de ellos falla o se
evidencia débil, el proceso de negociación tiende a abortar. Por
ausencia o debilidad de algunas de esas tres notas, es por lo que, en
las últimos 25 años, los procesos de negociación han sido tan
frágiles: o porque la confidencialidad ha sido arrasada o porque a
la mesa se han sentado personas, que desconfiaba del vecino o porque
se ha golpeado la dignidad de uno o de otro pretendiendo
sometimientos insoportables.
7
Para
hacer despegar una negociación, para que aflore una esperanza de
pacificación, las partes en conflicto deben encontrar un
punto común,
(“un
consenso de mínimos
en cuanto a la transformación del país”, lo ha denominado nuestro
ya citado Fisas), que tiene que girar en torno, primero, de las
condiciones de la negociación, y, segundo, de la negociación de la
negociación, o vale decir, de los márgenes y parámetros dentro de
los cuales negociarían.
Para
avanzar en la fijación y precisión de condiciones y parámetros de
negociación, por ahora no se requiere de reuniones formales. Cada
quien puede ir fijándolas de modo informal y discrecional de cara al
país.
Como
punto de partida, cada quien fijará su esquema “ideal” de
condiciones y parámetros y quizá se atreva a ir hasta las
“deseables”. Sin embargo, la negociación no podrá encontrar su
punto de despegue si no cuando, en un segundo momento, limadas
asperezas y desmontadas desconfianzas, logren pactar “condiciones y
parámetros” “necesarios” y “viables”. En estos dos
primeros momentos, las premuras no son aconsejables, pues atentan
contra el futuro exitoso de una negociación. Los tiempos de estos
primeros momentos son quizá más importantes que los tiempos de los
restantes.
Pero,
ya para una reunión formal, ¿quién debería llevar la iniciativa?
De
modo erróneo se ha creído que llevar la iniciativa a ese respecto,
o “mostrar demasiados deseos en el negocio”, como podría decir
un antioqueño de mentalidad comercial, implica dejar escapar una
señal de debilidad. Para los analistas pro-militaristas, por
ejemplo, las farc sólo se han acordado del verbo negociar, cuando
están pasando por coyunturas dificultosas requiriendo ganar oxígeno
en la guerra. Pero, esta afirmación carece de validez fáctica si se
recuerda que en el momento pre-Caguán fueron unas farc en
vertiginoso ascenso militar, las que adelantaron la propuesta de
negociación. En esta coyuntura del 2011, aunque no haya podido
derrotarlas, el Estado se encuentra en una posición de superioridad
táctico-estratégica frente a las Farc. En segundo lugar, ha
evidenciado que, por razones, sobre todo, geopolíticas, un triunfo
militar de las Farc es casi imposible, como imposible se ha
evidenciado también que el Estado las pueda derrotar. Agreguémosle
a todo esto, que en la práctica el Estado ha podido evidenciar y
probar que ese conflicto armado, por
lo costoso, destructivo, pernicioso y sostenido,
ha empezado afectar las posibilidades de reproducción ampliada del
capitalismo colombiano. Entonces, con tantas certezas y evidencias a
flor de mano, un Estado que se siente militarmente fuerte, pero, al
mismo tiempo, entrabado en sacar avante su proyecto de sociedad, no
tiene por qué inhibirse en proponer una negociación, de la que
finalmente saldría re-legitimado y sin los competidores para-estales
cerrándole el paso.
8
Si
en el final del anterior acápite hemos planteado esa tesis atrevida,
la de que sea el Estado el que lleve la iniciativa, es porque en esta
coyuntura, contra todas las apariencias, ha sido el gobierno de
Santos el que, en la práctica, le ha salido adelante a las Farc y
al Eln en la fijación y explicitación de las condiciones bajo las
que el Estado estaría dispuesto a negociar. Hasta este 4 de marzo
del 2011, éstas han sido las consideraciones y condiciones por él
fijadas para poder pensar en una negociación,
- Que, por la razón o por la fuerza, le pondrá fin al conflicto armado.
- Que una negociación no se hará a un precio cualquiera.
- Que para poder pensar en una negociación, las guerrillas deben: 3.1. soltar a todos los secuestrados; 3.2.renunciar al reclutamiento de niños, así como a comprometerlos en acciones directas o indirectas, que tengan que ver con la confrontación armada; 32. abstenerse de toda acción de carácter terrorista.
- Que una negociación debe inscribirse en el derecho positivo del país.
- Que toda decisión sobre la materia debe provenir del presidente de la república absteniéndose, por ahora, de nombrar a un Alto Comisionado de Paz.
Las
Farc, por su parte, ha mantenido la palabra “negociación” en
casi todos sus comunicados: “el que siempre ha estado dispuesta a
negociar si…”, ha sido ya casi una constante en todos sus
comunicados pero sin concretar ese “si”. Por otra parte, su
decisión de dosificadas y unilaterales liberaciones de secuestrados,
ha sido interpretado por muchos como una señal indirecta de buena
voluntad. Esto no obstante, en las últimas semanas Alfonso Cano ha
evidenciado una actitud positiva hacia la ley de víctimas y de
restitución de tierras a los campesinos expropiados. Ha sido así
como ha hablado de
“una
ley de tierras moderna, con visión estratégica, sembradora de
paz”.5
Como
decir, que en el ánimo de Alfonso Cano, la Política agraria de
Santos podría abrir el camino hacia la paz. Por esto, se
transparenta como muy importante que las personas, organizaciones o
Estados que, de algún modo, pretendan participar en una posible
negociación, por lo menos, hayan leído y analizado “La Plataforma
Bolivariana” de las Farc.
Sobre
este conjunto de pre-posiciones podríamos formular las siguientes
glosas:
- Como podrá observarse, en lo que ha avanzado en materia de condiciones, el presidente Santos no se ha colocado en una línea de exigencias máximas como sería: que “se sometan negociando sólo las ventajas que podría ofrecer un sometimiento”, o porque “no las considera actores políticos” o porque las observa como “militarmente derrotadas con la capitulación como única opción”. Ha hablado, más bien, de la posibilidad de negociar “si”….
- Al plantear la posibilidad de negociar “si”… no les ha exigido que se desmovilicen o que, de entrada, hagan un alto al fuego, si no, más bien, que le bajen el tono a las hostilidades en aquellas operaciones, que tienen a la población civil como la más directamente afectada (secuestros, minas quiebrapatas, reclutamiento de niños).
- Existen variados indicadores que evidencian que al Presidente y al Vicepresidente no los convencen las liberaciones unilaterales de secuestrados como señales “humanitarias” de una voluntad de paz. Piden, demandan y exigen hechos concretos de paz. Por ejemplo, pensamos nosotros, si las Farc quieren continuar con las liberaciones dosificadas como señales de buena voluntad, entonces, que, por lo menos, decidan abstenerse de volver a secuestrar, de liberar cinco mientras secuestran seis.
- Indiscutiblemente que a los actores armados se les debe exigir el sometimiento al espíritu y a las reglas del DIH. Sin embargo, en cuanto a lo “humanitario” de algunas de sus acciones, que nos permitan, por lo menos, el beneficio de la duda y hasta el de la imposibilidad. En el caso colombiano, soldados y guerrilleros son, ante todo, guerreros, actores militares, que le asignan a su accionar armado un significado político: o defender al Estado en el caso de los soldados o subvertirlo para reemplazarlo por otro en el caso de los guerrilleros. En ese marco dominante, la pequeña dosis de “humanismo” que le puedan inyectar a su accionar armado, sólo podría provenir de su sometimiento efectivo al DIH. Por lo tanto, en nuestro concepto, las liberaciones unilaterales realizadas son, ante todo, actos políticos que, aunados, a otras acciones concretas de paz, podrían ser indicaciones de una voluntad real de negociación.
- El presidente Santos, entonces, sin bajar las banderas de una Seguridad democrática sin el todo vale, ha avanzado más que las guerrillas en cuanto a la búsqueda de un primer punto común, el de las condiciones de una negociación. En lo militar, no ha desmontado la Estrategia del anterior gobierno aunque, bajo el criterio de una concepción liberal de la democracia, ha buscado rectificar en lo más punzante de sus errores, sobre todo en materia del “todo vale con tal de derrotar al enemigo”. Si no fragua una negociación, el tiempo nos dirá si fácticamente es válida la hipótesis que en los Atisbos hemos sostenido en el sentido de que la Estrategia y Agenda de Uribe ya dio de sí todo lo que podía dar. Por lo tanto, si no se concreta una negociación y el gobierno decide darle sostenibilidad en el tiempo, se verá obligado a reformularla si es que quiere que funcione con relativa eficacia como salida militarista del conflicto armado.
Mientras tanto, los uribistas
más radicales, aquellos para quienes frente a las guerrillas no cabe
más alternativa que la derrota militar o el sometimiento, harán
hasta lo imposible para impedir que cristalice una posibilidad de
negociación. Entrabarán, sobre todo, la aplicación de la ley de
víctimas y de restitución de tierras, que es el espacio por donde
puede empezar a construirse un puente simbólico y real entre el
gobierno y las farc.
- Aunque en Colombia una elevada cultura del poder determina que no sea lo mismo un presidente con poder institucional y con presupuesto y con el manejo de un aparato generador de puestos que un expresidente sin todos esos recursos, Uribe Vélez conserva todavía la más enorme capacidad de presión. Continúa siendo una fuerza capaz de inhibir la posibilidad de una negociación, pues la sociedad nacional continúa prisionera del “síndrome de Uribe”: aquel acendrado sentimiento que ha invadido la intimidad de miles y miles de colombianos de que todo lo él toque o roce con su mágica y adánica palabra se traduce en realidad. Es el imaginario colectivo de que su verbo es generador de realidad. Desde esta mirada, Uribe ha sido un fenómeno en la historia política y cultural de Colombia. En el pasado, en un contexto de historia muy distinto, sólo Gaitán se instaló tan profundo en la intimidad de la ciudadanía. Por eso en la actualidad, la ciudadanía es pesimista frente a la posibilidad de una negociación, lo que contrasta con el profundo optimismo social de la etapa pre-Caguán.
- En relación con las Farc y sus condiciones para sentarse a negociar, no se puede echar en saco roto la afirmación de Alfonso Cano en el sentido de que la Política agraria de Santos podría ser el camino hacia la paz. Podría afirmarse que el nexo más importante de las Farc con la política nacional pasa necesariamente por el problema agrario. Santos está preocupado por la tierra expropiada mediante la violencia a millares y millares de campesinos pobres, así como por el desarrollo capitalista de la agricultura; las Farc, lo están por la tierra expropiada, así como por la tierra improductiva. Entonces, “la ley de víctimas y de restitución de tierras” (1) al lado de una ley de reforma agraria (2) y de un proyecto de capitalismo agrario con sentido social (3) podría ser el nudo de un primer acuerdo gobierno-farc.
9
Definidas
las condiciones de una negociación, se puede ir avanzando hacia la
construcción de un
segundo punto común:
la negociación de la negociación, la definición de los parámetros
dentro de los cuales se sentarían a negociar. Para estos efectos, en
el punto de partida tampoco se requieren reuniones formales. Cada una
de las partes los pueden ir avanzando de cara al país a través de
los medios de los que cada quien dispone. Sólo en un tercer
momento, cuando cada parte haya precisado su esquema particular de
negociación de la negociación, se entraría a definir el cuándo,
el cómo y el dónde se sentarían a acordarlo.
En
una negociación del conflicto armado ni el Estado capitalista debe
renunciar a su ideal de sociedad, la economía de mercado, ni los
guerrilleros deponer y renunciar a su proyecto de economía
socialista. Por lo tanto, una nueva negociación no se debe mover en
términos de “o economía de mercado o economía socialista”. Es
decir, en un nuevo modelo de negociación los guerrilleros no pueden
pensar en hacer la revolución social – el campo de ésta es el de
las luchas sociales- pero, de acuerdo con sus lógicas, el Estado no
puede pensar en dejar incólume el capitalismo salvaje, que es la
forma que, en la actualidad, ha asumido en Colombia la economía de
mercado.
Entonces,
para el Estado la opción es: “reformamos
el capitalismo salvaje si ustedes, los guerrilleros, dejan la armas,
entregan los territorios que tienen bajo su control, se insertan a la
sociedad y se comprometen a luchar por su proyecto de economía
socialista por las vías de las luchas democráticas”.
Por su parte, para los guerrilleros la opción es: “renunciamos
a las armas, entregamos las regiones que territorialmente
controlamos, nos insertamos a la sociedad, nos comprometemos a
luchar por nuestro proyecto de economía socialista dentro de los
parámetros de la democracia, si se hacen reformas sociales al
capitalismo salvaje y se democratiza el régimen político”.
Sería
así como la reforma social y política del capitalismo salvaje
podría constituirse en el segundo
punto común
del Estado y las guerrillas y aún de las sociedades civiles, que,
por fuera de shows y micrófonos, también deben hacer presencia
como movimiento social por la paz.
10
Pero,
sigamos soñando con libertad aterrizada. Vendría enseguida otro
punto crucial: el del alcance de las reformas a realizar. Constituye
ésta una segunda dimensión de la negociación de la negociación,
pues, como ya sabemos, la primera ha estado asociada a la fijación
de los parámetros dentro de los cuales se podría negociar.
A
iniciar este Atisbos (acápite 2), trajimos a colación una cita
extraída del Atisbos No 1 de hace casi una década atrás: dijimos
entonces que no se podía pensar en una negociación del ya
semisecular conflicto político armado sin pensar en un conjunto de
reformas sociales y políticas, pero que tampoco se podía pretender
que de ella se derivase una especie de revolución social, pues el
ámbito casi natural de ésta era el de las luchas sociopolíticas.
Como el actor que más había recibido las consecuencias perversas de
la guerra interna era una sociedad nacional con un 80% entre pobres e
indigentes, siendo también ésta la que, bajo la forma de impuestos,
le entregaba al gobierno el dinero para que la financiara, había
que aprovechar la coyuntura de oportunidad proporcionada por una
negociación para realizar una serie de reformas, por lo menos
medianamente aceptables, con las que el Estado comenzara a pagar la
inmensa deuda social acumulada que tenía con la ciudadanía.
Entonces pensamos que de fraguar una negociación, esas reformas
estarían asociadas,
1. a una reforma agraria
integral, que desarrolle, complemente y enriquezca la actual Política
agraria de Santos;
2. a una redefinición radical
de la política de empleo, que incremente, formalice
y dignifique los oficios eliminando las superexplotadoras “Empresas
de Trabajo Asociado”.
3. a una política de salud,
que trascienda la idea de la salud como una mercancía.
4. a una nueva política
educativa, que universalice y cualifique la educación pública y
refuerce la regulación estatal de la privada.
5. a una nueva política
ecológica que proteja, de modo integral, la naturaleza, que es una
de las bases más importantes de la misma reproducción del
capitalismo.
A
lo mejor nos quedamos cortos, pero nos preocupa lo acaecido en el
Caguán, cuando, a otros factores negativos, se agregó el hecho de
la negativa de la clase empresarial a contribuir a financiar las
reformas sociales recogidas en la Agenda pactada aunque se mostraron
partidarios de una reforma agraria,
Como
lo recogí en un artículo de 1999, por el encargo de El Tiempo y de
la Revista Semana “Gallup Elites” le aplicó una Encuesta a 538
directivos de las 500 empresas más grandes del país de lo todos
los sectores de la economía con resultados como éstos, “sólo un
16% considera inaceptable la expropiación de fincas de más de 200
hectáreas; en cambio, un 32% la miran como aceptable y otro 20% como
medianamente aceptable. Es decir, para 387 ejecutivos (el 72%) la
propuesta de reforma agraria pasa el examen.” Por otra parte, “el
84% (452) ejecutivos manifiestan que antes que financiar la guerra,
preferirían costear la paz. De esos 452 encopetados ejecutivos
comprometidos en sus opiniones, a negociar con las guerrillas, … el
28% (129) afirman que, para esos propósitos , no cederían nada de
sus ingresos, el 25% (116) que se desprenderían del 1% de los mismos
y un 13% manifiestan que irían hasta un 5% “.6
La
otra reforma central sería de carácter político-electoral y
estaría orientada, primero, a democratizar el régimen político;
segundo, a impedir la presencia activa de ilegales armados, sean del
signo ideológico que sean, en la vida política; tercero, a
purificar el censo electoral; y cuarto, a definir el estatuto de los
partidos y de la oposición.
11
Entre
todos los colombianos de la actualidad existe un asunto - punzante,
complejo, resbaladizo, dificultoso de analizar y de más dificultoso
tratamiento y toma de posición- asociado a la pregunta, en
definitiva ¿quiénes son los responsables de todas las barbaridades,
perversidades en que hemos incurrido y continuamos incurriendo? Para
cada quien, para cada colombiano “el otro”, sobre todo “el
otro” de signo ideológico y cultural contrario, es el responsable
porque cada quien se auto-matricula como perteneciente a “la gente
de bien” a la que “la gente de mal”, el “otro” contrario,
no le permite una vida tranquila.
A
veces, por fuera del análisis sereno, al observar tanto desastre
cotidiano (los fusiles privados comandando lo público estatal y lo
público ciudadano; honorables abogados litigantes y profesores
universitarios comprando en público testigos; encumbrados
Registradores re-escriturando tierras arrebatadas mediante la
violencia a campesinos pobres; encumbrados funcionarios públicos
organizando y promoviendo desmovilizaciones ficticias de guerrilleros
y paramilitares; respetables curas abusando sexualmente de niños
etc y etc siendo estos sólo algunos datos de esta semana) a muchos
la mente se nos obnubila y se nos desdibuja el análisis racional que
tenemos de los problemas del país.
Estamos
tentados a decir que responsables somos todos, aunque con una frase
así se diluyen las responsabilidades. Esto no obstante, digámoslo:
al lado de los autores intelectuales, espirituales y materiales
concretos de todas estas perversidades, de modo indirecto todos somos
responsables, porque , por acción u omisión, todos hemos
contribuido a la construcción de “un social”- pobre, raquítico
y esquelético - que es el que ha posibilitado y continúa
posibilitando,
1.
una constante de violencias en la historia nacional;
2.
reiteradas coyunturas de ejercicio de la violencia con crueldad;
3.
la presencia ampliada de ilegales armados en el gobierno o
cogobierno en muchos municipios del país.
4.
la más histórica subordinación de lo institucional a lo
para-institucional en la vida social cotidiana.
En
un cuadro así, apenas medio sugerido, nos preguntamos, atravesados
por muchas dudas, si no se debería aprovechar la oportunidad de una
posible nueva negociación para abrir el debate y tomar posiciones
sobre la funcionalidad y la “bondad”, así entre paréntesis, de
UNA LEY DE DE PUNTO FINAL.
12.
Entonces,
definidas las condiciones de la negociación y acordados los
parámetros dentro los cuales la llevarían a cabo, la fijación del
sitio de reuniones aparece como un punto importante. Una zona de
despeje ya no es una espada de Damocles, primero, porque se aprendió
la lección del Caguán cuando se escogió una zona en la que las
farc presentaban evidentes ventajas comparativas de poder por formar
parte de su retaguardia estratégica, y segundo, porque reformada la
Ley de Orden público, han quedado prohibidas las zonas de despeje.
Sea el que sea el sitio seleccionado, lo importante es que no sea un
espacio poblado por personas reacias (tampoco proclives) a alguno de
los actores enfrentados y que en él los negociadores puedan ser
objeto de especial protección.
Para
terminar este sueño
de
negociación diríamos que la oportunidad de terminar un conflicto
tan costoso, destructivo, pernicioso y sostenido, bien merece el
esfuerzo de una nueva ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Que se reforme
la Constitución 1991 en las materias que se consideren básicas
para posibilitar una negociación. Sin embargo, sería importante que
clausurada, dentro de los plazos fijados, su labor, esa Asamblea
Constituyente pueda entrar a operar como una Asamblea Nacional
Legislativa, que traduzca en leyes los acuerdos pactados. Al margen
de la discusión jurídica y jurídico- política que esta apuesta
pueda provocar, la más pronta conversión de los acuerdos tomados en
leyes permitiría un asentamiento socialmente funcional de la etapa
post-conflicto.
Con
Fisas, entonces, volvamos al sueño, que, sin dejar de ser tal, debe
ser un sueño en la tierra y ritmado por las crudas realidades
colombianas,
“Pensando
en Colombia, pues, vemos que se dan ya algunos de estos requisitos
(como el cansancio de la guerra, el deseo de paz, un nuevo gobierno,
la imposibilidad de lograr una clara victoria militar), y que a medio
plazo podrían darse otros requisitos (como incentivos externos, un
ambiente regional propicio a la negociación, la pérdida de
retaguardias para la guerrilla, una mayor presión de los sectores
económicos y una mayor presión interna a partir de iniciativas
populares a favor de la salida política negociada). Todo ello,
conjugado, favorecería el logro del ambiente propicio para superar
la situación actual, en la que predomina una cierta indefinición,
para pasar a un contexto más activo a favor de la paz. “
1
.Vélez R, Humberto. El Conflicto político armado en Colombia
Negociación o Guerra. Editorial Universidad del Valle. Cali. 1998.
2
. Vicenc Fisas, director de la Escuela de la Cultura de Paz, con
ocasión del lanzamiento en Bogotá del Anuario 2001 “Procesos de
Paz”.
3
. Atisbos Analíticos No 1, Cali, octubre 2000.
4
.Atisbos Analíticos No 2, Cali, noviembre 2000
5
.
FRENTEAN.BLOGSPOT.COM/CATE-ALFONSO-CANO-AL-GOBIERNO-DE-SANTOS-HTML ;
WWW.ELTIEMPO.COM/.../VIDEO-DE-ALFOMSO-CANO_7833413=1
; HUELLADEUNCAMINANTE.WORDPRESS.COM/ALFONSO-CANO-HABLA-DE-PAZ/ ;
WWW.ELESPECTADOR.COM/COLUMNA-253935-TIERRA-Y-PAZ
; WWW.LASILLA.VACIA.COM/HISTORIA/165012PAGE=1
;
6
. Vélez R. Humberto. Carta Abierta sobre la guerra en Colombia”.
ECOPAZ AcEditores, Cali, 199, pgs.92 y 93.
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